¿Sabías que el gobierno de Axel Kicillof está tomando medidas firmes contra las obras sociales que deben dinero al fisco bonaerense? Este movimiento llega justo cuando la provincia enfrenta desafíos económicos importantes, como la falta de presupuesto y una ley fiscal pendiente. Pero, ¿qué significa realmente esto para la salud pública y cómo impacta a los bonaerenses?
La provincia de Buenos Aires ha iniciado una serie de demandas en la Justicia Federal de La Plata contra más de una veintena de obras sociales que acumulan deudas millonarias por servicios médicos prestados en hospitales a cargo de la provincia. Estas demandas no solo buscan recuperar dinero sino también asegurar que el sistema de salud siga funcionando correctamente.
Según los expedientes obtenidos, muchas de estas deudas se han generado en los últimos tres años. Estas prestaciones fueron brindadas por hospitales zonales e interzonales gestionados por el Ministerio de Salud bonaerense, encabezado por Nicolás Kreplak. Estos hospitales son clave para la atención médica de miles de habitantes de la provincia, y el gobierno de Kicillof está tomando medidas para garantizar que las obras sociales paguen por los servicios que se les brindaron.
Entre las obras sociales demandadas, se encuentran organizaciones de sectores como la industria del fósforo, la electricidad y el vidrio, así como sindicatos del personal de la carne y de los docentes particulares, entre otros. Por ejemplo, la obra social de Fedecámaras enfrenta una demanda de casi 17 millones de pesos por deudas acumuladas en el hospital interzonal de Melchor Romero. Esta cifra es solo una muestra de lo que está en juego.
Además, otra de las grandes protagonistas es la obra social Osprera, que agrupa a los peones rurales. Esta entidad lleva meses intervenida por el Gobierno Nacional debido a denuncias por falta de prestación. La deuda que ha acumulado con la provincia supera los 7 millones de pesos, y el gobierno bonaerense está pidiendo que se apliquen medidas cautelares, como el embargo de bienes y fondos.
Este tipo de acciones legales no es solo una cuestión administrativa. En el contexto del año electoral, el gobierno de Axel Kicillof busca enviar un mensaje claro sobre la importancia de que las obras sociales cumplan con sus obligaciones. A través de estas demandas, la provincia también busca sostener el sistema de salud y evitar que las deudas pongan en riesgo la atención de miles de bonaerenses.
La situación es aún más delicada considerando que el gobierno de Kicillof encara el 2025 sin un presupuesto aprobado, sin una ley fiscal y sin autorización para endeudarse. En este escenario, las demandas contra las obras sociales podrían ser una pieza clave para asegurar recursos adicionales y garantizar que el sistema de salud pública funcione sin interrupciones.
Axel Kicillof y su equipo continúan apostando a medidas que aseguren el bienestar de los bonaerenses, mientras el Ministerio de Salud lidera la lucha por mantener un sistema de salud robusto, a pesar de las dificultades económicas.
La pregunta sigue siendo: ¿logrará la provincia cobrar estas deudas y garantizar la estabilidad del sistema de salud en medio de un año tan desafiante?
