Política
Amenazas al Tribunal de Cuentas: el conflicto en Tucumán
En Tucumán, el conflicto entre Miguel Terraf, titular del Tribunal de Cuentas, y Carlos Cisneros, diputado nacional del peronismo, ha tomado un giro inesperado. Las acusaciones de corrupción y difamación ya no son lo único que marca la agenda política, sino que ahora se suman hechos de amedrentamiento que involucran a una empresa de recolección de residuos vinculada al municipio. ¿Qué está sucediendo realmente detrás de estas amenazas?
El enfrentamiento entre Terraf y Cisneros se intensificó a raíz de una serie de carteles anónimos en toda la ciudad de Tucumán, en los que se acusaba a Terraf de ser cómplice de corrupción durante la gestión de José Alperovich. Para los colaboradores del Tribunal de Cuentas, esta campaña mediática forma parte de una estrategia de difamación y presión política impulsada por sectores cercanos al gremio La Bancaria, liderado por Cisneros.
La amenaza más grave: un ataúd frente al Tribunal de Cuentas
El incidente más alarmante ocurrió el 19 de diciembre de 2024, cuando las cámaras de seguridad grabaron a cinco empleados de la empresa Transportes 9 de Julio, encargada de la recolección de residuos, dejando un objeto con forma de ataúd en la entrada del Tribunal de Cuentas. Este hecho, registrado en la sede del Tribunal ubicada a solo tres cuadras de la Casa de Gobierno, generó gran preocupación.
Desde el organismo señalaron que no se trata de un hecho aislado, sino que forma parte de una campaña de intimidación contra sus autoridades. "Interpretar este ‘mensaje’ como un hecho casual sería ingenuo", afirmaron desde el Tribunal.
La implicancia de la Municipalidad y la empresa Transportes 9 de Julio
El Tribunal de Cuentas también apuntó contra la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, encabezada por Rossana Chahla, ya que la cartelería anónima fue instalada en espacios públicos con la colaboración de una empresa de publicidad. Esta situación generó denuncias ante las autoridades municipales y presentaciones judiciales.
El Tribunal de Cuentas también presentó una denuncia administrativa detallando que los empleados de Transportes 9 de Julio S.A., empresa concesionaria de la recolección de residuos, habrían sido los responsables del ataque. La relación directa de la empresa con la administración municipal genera dudas sobre una posible vinculación política en este acto intimidatorio.
La intervención del gremio y el rol del delegado sindical
Otro hecho relevante fue la aparición de un delegado sindical de Transportes 9 de Julio en el Tribunal de Cuentas, quien intentó justificar la acción de los empleados y evitar que se tomaran represalias. Esta intervención fue interpretada como una maniobra para evitar que se iniciaran acciones legales contra los trabajadores involucrados.
Un conflicto político que sigue escalando
Este escándalo en Tucumán sigue ganando atención, mientras se plantean más preguntas sobre el uso de campañas de difamación y métodos intimidatorios en la política provincial. El trasfondo de este conflicto involucra a actores políticos, gremiales y empresariales, con intereses cruzados que no hacen más que aumentar la tensión en la provincia.
La denuncia ya está en manos de la justicia, pero aún no se han anunciado medidas concretas. La expectativa crece sobre si se abrirá una investigación para esclarecer los responsables de estos hechos y si la administración municipal ofrecerá respuestas sobre su posible implicancia en este escándalo.