Bullrich acelera traslado de represores a Campo de Mayo

¿Qué hay detrás del traslado urgente de represores al Complejo Penitenciario de Campo de Mayo? La movida de Patricia Bullrich ya empezó y dejó varias preguntas abiertas sobre beneficios, desigualdad y memoria.

Todo arrancó el 16 de abril. Ese día, Gabriel Esteban Aquino, del Servicio Penitenciario Federal, avisó al Tribunal Oral Federal 5 que hay que desalojar a los represores del Complejo Penitenciario VII de Ezeiza. ¿El motivo oficial? Hacer lugar para mujeres detenidas por la supuesta sobrepoblación. Pero en los pabellones donde están los represores, la ocupación no llega ni al 50%.

El nuevo destino es la Unidad 34 de Campo de Mayo, una cárcel con historia polémica. Organismos de derechos humanos advierten que ahí los represores tendrán trato VIP: gimnasio completo, huertas, canchas de tenis y pistas para caminar. La comparación con la situación del resto de los presos comunes, hacinados en condiciones críticas, es inevitable.

Se trata de 19 represores condenados por delitos de lesa humanidad. Entre ellos, están Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda, Carlos Suárez Mason y Antonio Pernías. Algunos ya pidieron celdas individuales y seguir usando Skype. El TOF 5 aprobó el traslado y también esos pedidos especiales.

Desde H.I.J.O.S. Capital salieron al cruce: “Esto no es justicia. Es un privilegio para genocidas”, dijeron en un comunicado. También aclararon que el traslado no soluciona la crisis carcelaria, sino que crea un régimen distinto para los represores, mientras el resto de la población penal vive en condiciones inhumanas.

Desde el Ministerio de Seguridad, Bullrich defiende la medida. Dicen que Campo de Mayo tiene la infraestructura adecuada y está cerca del Hospital Militar. Para evitar líos, también van a trasladar a los mismos celadores que ahora están en Ezeiza. Sin embargo, hay un dato clave: en 2013, esa unidad fue cerrada tras la fuga de dos represores, y recién reabrió durante el gobierno de Mauricio Macri. Desde entonces, no pararon los pedidos de mudanza.

La Secretaría de Derechos Humanos alertó que esta jugada forma parte de un “plan de impunidad”. La crítica apunta a que el oficialismo, al no poder cerrar los juicios ni liberar a los represores, ahora intenta mejorarles las condiciones de encierro.

Además, hay otros casos en espera. Manuel Cordero Piacentini y Marcelo Cinto Courtaux siguen sin resolución. En particular, Courtaux fue condenado por su rol en la Contraofensiva Montonera y tiene un hijo que hoy trabaja con Victoria Villarruel en el Senado. Aunque su traslado no está confirmado, no se descarta que sea parte del próximo lote.

La polémica está lejos de terminar. Con pabellones semi vacíos para genocidas y hacinamiento para el resto, la pregunta sigue abierta: ¿esto es justicia o privilegio?