Política
¿Quién controla los pagos millonarios de OSPRERA?
Algo no cierra. Mientras cientos de trabajadores rurales con enfermedades graves se quedan sin tratamiento, OSPRERA desembolsa pagos millonarios a un laboratorio que no tiene contrato ni brinda medicamentos. ¿Quién se hace cargo de esta situación?
Según denunció la UATRE, desde que el Gobierno nacional intervino la obra social de los trabajadores rurales, se giraron más de 500 millones de pesos a un laboratorio sin vínculo vigente. A la par, se frenaron pagos a droguerías que sí entregan medicamentos. Esto generó cortes en tratamientos de pacientes con cáncer, HIV y otras enfermedades crónicas.
El interventor designado por Javier Milei, Marcelo Petroni, quedó en el centro de la tormenta. Fue acusado por autorizar desembolsos sin auditoría, sin respaldo legal y sin contraprestación. La denuncia indica que entre noviembre y enero, salieron más de $555 millones en pagos irregulares. Todo, mientras hay pacientes que no reciben ni una pastilla.
El dato que indigna
Mientras se desatienden los tratamientos, la intervención nombró a 79 personas en cargos con sueldos altísimos. Algunos llegan hasta los $11.500.000 mensuales. Solo en enero, se gastaron $370 millones en sueldos, según la documentación presentada por UATRE.
Además, desde febrero de 2025, en solo tres ciudades —La Plata, Mar del Plata y Rosario— ya se presentaron más de 60 amparos por salud. También hubo ejecuciones judiciales por falta de pagos a hospitales públicos.
Tratamientos cortados y vidas en riesgo
Los casos más extremos son desgarradores. La suspensión de tratamientos provocó el fallecimiento de afiliados como José Garavento y Marta Susana Morfil, cuyas historias fueron judicializadas.
La situación no solo afecta a los pacientes. También hay incumplimientos a normas del propio Ministerio de Salud. La denuncia sostiene que se violaron la Resolución 4912/24 y el Decreto 1045/2024, que obligan a priorizar pagos a tratamientos activos y prohíben pagar deudas no auditadas.
¿Quién responde por esto?
La denuncia penal presentada por UATRE también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones, y al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo. Se los acusa de abuso de autoridad y administración fraudulenta por no controlar a la intervención, a pesar de estar al tanto de las irregularidades.
La intervención de la obra social se ordenó en octubre de 2024 por un juez que luego fue apartado por "incompetente" y denunciado por "prevaricato". Aun así, la intervención sigue vigente, con sueldos, cargos nuevos y pagos bajo la lupa.
Desde UATRE, con José Voytenco a la cabeza, vienen reclamando por la restitución de los tratamientos y la normalización de OSPRERA. Mientras tanto, cientos de pacientes siguen esperando una respuesta que no llega.