Política
Victoria Villarruel y su red de aliados: controversias en la Casa Rosada
En las redes sociales, un video compartido por Débora Flores el pasado 29 de diciembre generó gran repercusión. Las imágenes muestran un viaje familiar a la Unidad Regional 16 de Cerrillos, Salta, donde visitan a su padre, el excabo de la Fuerza Aérea Julio Narciso Flores, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. “Otro año más brindando en este lugar. Un condenado a 25 años sin derechos, sin nada”, escribió Débora, generando indignación por la contradicción entre la gravedad de los crímenes y las aparentes libertades que mantiene.
El caso de Flores es sólo una pieza de un entramado más amplio. En 2022, tras una huelga de hambre, Flores recibió el respaldo de varios diputados, entre ellos Victoria Villarruel, quien junto a otros legisladores denunció supuestas violaciones a los derechos humanos en las cárceles. La relación entre Villarruel y familiares de represores no es casualidad: desde su lugar como vicepresidenta, ha impulsado una agenda en defensa de lo que llama “presos políticos”, refiriéndose a militares condenados por delitos de lesa humanidad.
Redes de poder: nombres que repiten
Silvia Ibarzábal, hija del coronel Jorge Ibarzábal, asesinado por el ERP, es otra figura cercana a Villarruel. Recientemente designada en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Ibarzábal ha sido protagonista de medidas polémicas, como el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti y despidos en la exESMA. Desde su perspectiva, el terrorismo no fue “de Estado”, una postura que genera divisiones profundas.
Otro nombre destacado es el de María Guadalupe Jones Tamayo, hija del coronel Juan Carlos Jones Tamayo, condenado por delitos cometidos en Salta y Jujuy. Gracias a su cercanía con Villarruel, ocupa el puesto de secretaria personal de la vicepresidenta en el Senado. Jones Tamayo también es una activa militante contra el proceso de memoria, verdad y justicia, calificando los juicios de “venganza” y no de justicia.
Conflictos internos y tensiones políticas
Dentro del gobierno, las decisiones de Villarruel han generado tensiones. Por ejemplo, el ascenso del coronel Alejandro Javier Jones, hermano de María Guadalupe, fue frenado por lo que fuentes internas califican como una decisión política impulsada desde la Casa Rosada. Este tipo de acciones reflejan las disputas entre el presidente Javier Milei y su vicepresidenta, que no han podido ocultar sus diferencias.
A su vez, el ministro de Defensa, Luis Petri, envió al Senado un pedido para ascender a militares cuya promoción había sido bloqueada por su parentesco con represores. Esta medida marca un quiebre con políticas anteriores, como las de Nilda Garré en 2010, cuando varios oficiales fueron retirados por sus vínculos con el terrorismo de Estado.
Un panorama preocupante
La influencia de Victoria Villarruel en la designación de funcionarios vinculados a militares condenados por delitos de lesa humanidad es un tema que despierta fuertes críticas. Su agenda, respaldada por figuras como Débora Flores, Silvia Ibarzábal y los Jones Tamayo, cuestiona los avances en memoria, verdad y justicia logrados en las últimas décadas.
Mientras tanto, el debate continúa escalando, poniendo en el centro la relación entre poder político, memoria histórica y el futuro de los derechos humanos en Argentina. Las decisiones que se tomen desde la Casa Rosada marcarán un punto de inflexión en este delicado tema que sigue dividiendo a la sociedad.