Acusan pedido de coima a pesqueras por 15 millones de dólares

El gobierno de Javier Milei enfrenta un posible escándalo si se confirma la versión que ha sacudido a la industria pesquera. Según fuentes, una empresa española, controlada por un fondo estadounidense, habría notificado a la Embajada de Estados Unidos sobre un supuesto pedido de coima por 15 millones de dólares por parte de representantes del gobierno, quienes buscaban integrar a la firma en un grupo que controlaría los derechos de pesca de merluza en el Mar Argentino por los próximos 15 años.

Las principales compañías pesqueras están atentas a la renovación del Régimen General de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), que vence el 31 de diciembre. Para asegurar su continuidad, las firmas han mantenido reuniones con funcionarios del gobierno, entre ellas una que impactó a los empresarios. Según los presentes, el encuentro, realizado en un sótano cerca de Plaza de Mayo, incluyó la aparición de un hombre armado.

En la reunión, se sugirió que las empresas contribuyeran con una "cuota" de 15 millones de dólares para obtener beneficios en la asignación del CITC por los próximos 15 años. No se trataba de un canon oficial al Estado argentino, sino de un presunto soborno.

Este evento provocó que las empresas pesqueras, principalmente en Mar del Plata, convocaran una reunión de emergencia para discutir los próximos pasos. Como medida inicial, designaron a Gustavo González, ex presidente de la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut, como su interlocutor ante el gobierno.

La multinacional Iberconsa, que opera en Argentina desde finales del siglo XX y es ahora controlada por el fondo norteamericano Platinum Equity, fue la que, según fuentes, informó a la embajada estadounidense sobre el incidente. Alberto Freire, CEO de Iberconsa, habría reconocido que la razón principal de la presencia de la empresa en Argentina es la pesca de merluza.

El control de Iberconsa por un fondo norteamericano expone a la compañía a las regulaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act) de Estados Unidos, que impone duras sanciones para las empresas que participan en sobornos fuera del país.

La presencia de Santiago Caputo y Lule Menem en las negociaciones de los contratos de pesca también ha generado controversia. Caputo, asesor clave del presidente, ha desplazado al ministro de Desrregulación, Federico Sturzenegger, quien había mostrado su desacuerdo con el sistema actual de reparto de cuotas pesqueras.

Sturzenegger había expresado que el régimen de pesca es problemático, destacando que "hay gente que pesca nuestros peces y no paga nada por ellos" y calificando la regalía del 0,15% como "un absurdo". Las empresas pesqueras, en cambio, abogan por mantener el statu quo, que incluye ese bajo porcentaje de regalías y el sistema opaco de cuotas actual.

La interna en el gobierno se intensificó con la intervención de Santiago Caputo, quien ya había desplazado a Sturzenegger en la administración del Régimen de Incentivos a la Inversión (RIGI). Este régimen ofrece beneficios millonarios a las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares. La pelea fue tan intensa que la normativa se modificó apenas cuatro días después de su sanción, consolidando el control del régimen en manos del entorno más cercano al presidente.