Una de las pocas cosas que el cristinismo le reconoce al ministro de Economía, Martín Guzmán, fue la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en plena pandemia por coronavirus. Fueron tres ediciones durante 2020 y luego el programa quedó stand by. El cuarto IFE no llegó de manera continuada y allí empezaron a blanquearse públicamente algunas de las diferencias entre la política económica de Casa Rosada y el kirchnerismo que tiene en La Cámpora buena parte de su base política. La organización que conduce Máximo Kirchner planteó la transformación del IFE en una política no excepcional y que se avance en un Salario Universal. Ahora, en plena discusión sobre el rol de los planes sociales, puntualmente el Potenciar Trabajo, planteada por Cristina Kirchner, La Cámpora tracciona para que el Salario Básico Universal sea una realidad.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y Secretario General de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque aseguró ante la consulta de Infobae que “lo de fondo es concretar una política de ingresos que elimine la discrecionalidad y garantice una justicia social efectiva”. Es en esa política de ingresos donde avanza la idea de un salario básico universal.

Para Larroque lo que hay que hacer es “generar una política de ingreso”. El IFE iba en ese sentido, en un contexto de emergencia y recesión, que el gobierno entendió que tras el final de la pandemia la reactivación económica iba a suplir el faltante que implicaba cortar el IFE en 2021.

La discusión por el salario básico universal es un debate de fondo. Lo que se puso sobre la superficie con énfasis desde el momento en que Cristina Kircher dio su discurso en el plenario de la CTA en Avellaneda, el 20 de junio pasado, fue el rol de las organizaciones sociales en la administración de planes sociales. La vicepresidenta pidió una auditoría y un control monopólico del Estado hacia ciertos programas que administra el ministerio de Desarrollo Social de la Nación a cargo de Juan Zabaleta, como por ejemplo Potenciar Trabajo. “No se puede desconocer el rol del Estado”, refuerza Larroque.

“El Potenciar Trabajo es un programa de empleo que por su masificación se transformó en una política de ingreso que desnaturaliza el objetivo original del programa y que se queda corto para ser una política de ingresos”, asegura Larroque, quien esta semana en medio del ruido político compartió una actividad en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires con el referente de Patria Grande, Juan Grabois, donde se debatió -y defendió- el plan para llevar adelante la implementación del Salario Básico Universal. También pidió que el Potenciar Trabajo pase a la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, ocupado por el flamante ministro Daniel Scioli, de quien Larroque elogió su llegada.

El proyecto de ley de Salario Universal Básico ya fue presentado en mayo de este año por los diputados nacionales de Patria Grande Itaí Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, pero cuenta con el acompañamiento de otros 11 legisladores del Frente de Todos entre los que están el presidente del bloque Germán Martínez; Leonardo Grosso, del Movimiento Evita; Hugo Yasky de la CTA, Mónica Macha, de Nuevo Encuentro; Pablo Carro, Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa; Carlos Selva, del Frente Renovador, Pablo Carro, Mara Brawer y Graciela Landriscini.

Será otorgado “a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; se encuentren inscriptas en la categoría ‘A’ del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes o se encuentren inscriptas en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente”, y será de 13.000 pesos por mes “para alrededor de 9 millones de personas, lo que tendría un costo fiscal de 2.1% del PBI”, según explicó Hagman cuando se presentó el proyecto.

La discusión política que circula por estos días reflotó el tema del SBU. La Cámpora, a través de Larroque, se sumó al pedido. Pero la presión por ahora no penetra en el ministerio de Economía de la Nación. Es que el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para la refinanciación de la deuda por 44 mil millones de dólares tomados bajo la administración de Mauricio Macri, ya tiene definido el gasto público de manera tal que permita el cumplimiento de metas. Días atrás, el directorio del FMI aprobó las metas del primer trimestre del acuerdo con la Argentina y desembolsará USD 4000 millones al país.

Emergen intendentes

En el medio, los intendentes de la provincia de Buenos Aires se subieron a la disputa para sacar a la luz un comentario frecuente entre ellos: el rechazo a que las organizaciones sociales manejan los planes. Parte de esa crítica se da porque las organizaciones sociales tienen fuerte despliegue en los barrios del conurbano bonaerense y desde allí disputan territorio y hasta representación política a los propios intendentes. La queja no dicha por intendentes es que lo hacen “con la caja” del propio Estado.

Quién hizo de vocero para respaldar el planteo de Cristina Kirchner fue el Jefe de Gabinete bonaerense e intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, que también alzó la bandera del Salario Básico Universal. “Los programas sociales deben tener una contraprestación controlada por el Estado y el primer mostrador del Estado son los Municipios. Esa es la esencia del planteo de Cristina. Llegó la hora de debatir el Salario Universal como herramienta para combatir la desigualdad estructural”, advirtió.

“El argumento vinculado con la extorsión, la corrupción, son actos que tiene que comprobar la Justicia y que en el caso de los intendentes y de los punteros vinculados con aparatos estatales han demostrado claramente un derrotero mucho más corrupto anquilosado que los movimientos sociales”, contestó este sábado el subsecretario de Políticas de Integración y Formación en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y coordinador nacional del movimiento Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez, en declaraciones a Radio Con Voz. También dijo que Cristina Kirchner genera una división en la militancia social “realizando planteos estigmatizantes y despreciando un tipo de militancia política que es la militancia social, con categorías como la intermediación que es un criterio absolutamente liberal. Eso me duele y tiene una mirada muy contradictoria”. La jornada que compartieron Larroque y Grabois fue el puntapié de una avanzada por el Salario Básico Universal que se acelerará en los próximas semanas.