Escándalo en YPF: denuncian a Santiago Caputo y al presidente de la petrolera por desvalorización de activos

La asociación civil Arco Social presentó una denuncia penal contra el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de YPF, Horacio Marín, en los tribunales de Comodoro Py, acusándolos de encabezar maniobras para desvalorizar activos de la petrolera estatal. Según el denunciante, Alejandro Díaz Pascual, estas operaciones habrían generado una pérdida patrimonial estimada en 1.800 millones de dólares, afectando el valor de la compañía para posibilitar la venta de activos a precios inferiores al mercado.

El caso, radicado en el juzgado de Sebastián Casanello con la fiscal Paloma Ochoa, también involucra a otros altos funcionarios en el marco de operaciones vinculadas con ENARSA y la compra de gas licuado con presuntos sobreprecios. Se argumenta que, mediante el denominado “Proyecto Andes”, YPF habría encargado al Banco Santander la venta de 55 áreas de explotación de petróleo y gas en Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, priorizando el desarrollo de Vaca Muerta. Este recorte de activos, alineado con una desvalorización previa, fue señalado como “saqueo al patrimonio público”.

Conexiones y antecedentes

La denuncia también pone bajo la lupa las relaciones entre Caputo y Guillermo Garat, vicepresidente de Relaciones Institucionales de YPF, sugiriendo una influencia directa del primero en las decisiones corporativas. Este señalamiento coincide con investigaciones recientes en Estados Unidos sobre el control gubernamental en YPF, donde Santiago y Luis Caputo aparecen implicados por su rol en la administración del presupuesto de la empresa estatal, mientras fondos de inversión demandan al Estado argentino.

Por otro lado, YPF anunció que hay más de 60 empresas interesadas en los activos en venta, pero el hermetismo sobre los términos de estas negociaciones despierta sospechas de falta de transparencia. Paralelamente, sectores políticos bonaerenses han cuestionado el impacto de estas maniobras en las arcas provinciales, dada la importancia estratégica de YPF para el abastecimiento energético.

Implicaciones políticas

La causa se suma a un contexto político agitado, en el que las operaciones de venta de activos de YPF coinciden con la promesa del gobierno nacional de simplificar regulaciones y fomentar la inversión privada, generando tensiones en un panorama polarizado. El gobernador Axel Kicillof también cuestionó recientemente el manejo de la compañía, calificando a sus directores como afines al actual gobierno.

La denuncia exige a la justicia esclarecer los hechos y garantizar que no se comprometa el patrimonio estatal en un proceso de supuesta privatización encubierta. En paralelo, la presión internacional por litigios asociados al manejo de YPF suma un elemento de complejidad a este escándalo en ascenso.