Garro, el Lopecito del PRO: los bolsos con dólares que podrían dejar preso al intendente de La Plata

En concreto, una causa judicial por el desvío de más de 2.085 millones en el pago a cooperativas, espera en la Justicia los tiempos de la política para avanzar, y sin el paraguas del poder, varios funcionarios de la actual gestión comunal, podrían verse muy complicados, previéndose una segura e inevitable escalada hasta el propio Intendente amarillo.

 

EL TEMOR DE IR PRESO

El intendente municipal de La Plata, Julio Garro, tiene motivos más que suficientes para alarmarse ante el avance de la causa denominada popularmente como “GestaPro”, en la cual fue procesado sin prisión preventiva a fines de abril último por el Juez Federal de la capital bonaerense, Ernesto Kreplak, quien consideró que el jefe comunal fue el principal armador de la famosa “mesa judicial” para perseguir a sindicalistas de forma inconstitucional, sin orden expresa de un Juez.

Garro espera un giro drástico de la resolución, pero, por el momento, el procesamiento le quita el sueño al hombre fuerte del PRO en La Plata, de quien se habla y mucho de sus intenciones y acciones para encabezar o integrar una fórmula provincial en el 2023. Al borde de ser sospechado de tráfico de influencias, Garro, según pudo saberse, está alentando una importante embarrada de cancha para complicar la actuación del juez Kreplak y sacarlo de escena.

Garro comparte, al menos, un potencial traje a rayas y el penoso cartel de procesado junto con su aliado, el senador provincial Juan Pablo Allan y el ex ministro provincial de Trabajo, Marcelo Villegas; el exsecretario de Justicia, Adrián Grassi y  varios integrantes de la AFI (ex SIDE) como el exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián De Stefano; al exdirector operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra y al exjefe de gabinete Darío Biorci.

 

GLORIA O CÁRCEL

Julio César Garro, un opaco dirigente político de la capital bonaerense, que le servía café y le hacía "algunos mandados de baja monta" al entonces intendente y actual ministro de Justicia provincial Julio Alak, encontró notoriedad a partir de uno de esos "mandados" ordenados por "el Turco". Lo enviaron a meterse en la Peña de Boca en La Plata y presidirla, para acercarse al entonces empresario y titular del Xeneixe, Mauricio Macri.

Allí, logró trascender la oscuridad de sus contemporáneas intervenciones políticas y construir una relación, desigual y casi esclavista pero relación al fin, con el hijo de Franco. Eso lo catapultó a las ligas mayores. Miauri armó su ordinario Dream Team para proyectarse nacionalmente con los presidentes de las filiales boquenses y "Julito el Bobo", como lo llamaban en el entorno del ahora ex Presidente, se transformó de la noche a la mañana en el "hombre de Macri en La Plata".

Pero volviendo a la actualidad, ocurre que Garro fue sindicado por el magistrado Ernesto Kreplak como un fuerte ejecutor de actividades claves para organizar una amplia mesa destinada directamente a ejecutar el espionaje y persecución ilegal al sindicalista de la UOCRA, Juan Pablo “Pata” Medina.

Garro tuvo, según el auto de procesamiento, “un importante protagonismo en la famosa reunión del 15 de junio de 2017, en la que los integrantes de la AFI, con miembros del gobierno provincial y municipal, procuraron obtener pruebas en pos del objetivo que se había trazado, lo que claramente también excede los límites que impone la Ley de Inteligencia, e implica la configuración objetiva del tipo penal mencionado”.

La macabra reunión, como se sabe, se realizó en el SUM del séptimo piso de la sede del Banco Provincia de la calle Mitre, en pleno microcentro de CABA, donde Garro superó con creces el rol de un actor de reparto y estaba al tanto de la reunión preparatoria de días previos en Casa Rosada, en donde Macri ordenó a ministros nacionales y provinciales, que se avance contra el sindicalista de la construcción platense.

 

ORGANIZADOR DE LA GESTAPRO

Fue en ese contexto que, de acuerdo a investigaciones sobre el cruzamiento de llamados de aquellas fechas, Garro mantuvo fluidas conversaciones telefónicas con Villegas, el ideólogo de la lamentable frase sobre la Gestapo y el subsecretario de Justicia de entonces, Adrián Grassi.

El procesamiento de Kreplak es más que claro al respecto, cuando señala que “entre los datos obtenidos surge que, durante el período investigado, los funcionarios provinciales que luego participarían del encuentro que se produjo el 15/6/17 –Villegas, Grassi, Allan y Gigante- mantuvieron varias comunicaciones con el Intendente de La Plata, Julio Garro, quien no sólo participó de la aludida reunión en el Banco Provincia”, sino que “además, tuvo intervención en su organización”.

Asimismo es lapidaria la prueba colectada y legitimada por Kreplak, en el sentido de dar por comprobado que Garro había organizado la reunión, haciendo contactos con otros protagonistas de ese cónclave, como fue el caso del presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, Guillermo Moretto, uno de los presentes en la reunión.

Pero, por si faltara algún elemento más comprometedor que los anteriores, surge que “en horas de la noche del día previo al que se llevaría a cabo la reunión, se produjeron llamados de forma sucesiva entre las 20:25 horas y las 20:46, de Garro a Grassi –en dos oportunidades-, luego de Grassi a Villegas y por último del mismo Grassi a Garro”, según se desprende de la pieza judicial firmada por el magistrado.

 

CONTUNDENTES PRUEBAS

Los clarísimos elementos de prueba que comprometen seriamente a Garro no hacen más que alertarlo de un período plagado de complicaciones judiciales en las cuales alienta alguna esperanza de que la competencia pase a otros ámbitos más amigos como los tribunales de Retiro en Comodoro Py. Allí, "Adolf" Garro también resbala sobre una profunda ciénaga, dado que el juez de esa jurisdicción, Daniel Rafecas, en una primera resolución declinó su actuación y confirmó a Kreplak.

No obstante, apuesta a un pleno y mantiene vivas sus esperanzas, porque logró que el camarista porteño Martín Irurzún, tuviera una intervención que obliga a Rafecas a reflexionar sobre su negativa, que fue atacada y considerada como “arbitraria” por la defensa de varios imputados.

El mencionado camarista es el autor de la famosa “doctrina Iruzún”, por la cual se debe considerar que ex funcionarios pueden tener facilidad para manipular pruebas y complicar investigaciones penales, aunque ya no pertenezcan al ámbito público donde tenían responsabilidades. El ex ministro de Infraestructura del Kirchnerismo (amado por Néstor y odiado por Cristina), Julio De Vido, fue una de las víctimas de esa interpretación jurídica.

Garro alimenta leves esperanzas en que la causa “GestaPro” prosiga con nuevos capítulos en los tribunales macristas de Comodoro Py. Esto ocurre porque hay similares decisiones de cambios de competencia, en ese sentido, como las recientemente conocidas en causas por espionaje ilegal en Dolores (que tuvo al fiscal Carlos Stornelli muy comprometido) y otra en Lomas de Zamora.

Más allá de un cambio de escenario, presuntamente favorable a los intereses de Garro y sus compañeros de ruta, será muy difícil, al decir de conocedores del “metier judicial”, conseguir que se derrumbe un procesamiento que tiene sólidos fundamentos.

 

PESADAS HISTORIAS

Garro también tiene desde hace años una mochila con pesadas historias que alimentan en exceso las sospechas sobre su moral, como fue el caso de aquellos bolsos con dinero excesivamente abundante en comparación con su sueldo de Intendente, es decir con varios ceros a la derecha. En buen romance, y según información de los pasillos judiciales platenses, Garro habría declarado poco más del uno por ciento del monto que le robaron.

Además, nunca quedó en claro de dónde provenían esos montos en aquel robo sucedido en su casa del country Grand Bell, en pleno corredor norte de La Plata, a un mes de haber asumido como intendente platense y al día de hoy hay sectores que piden reabrir esa investigación penal.

Asimismo, el jefe comunal tiene en su pasado, oscuras situaciones relacionadas con una suerte de protagonismo en una organización para favorecerse con la resolución masiva de amparos contra los famosos “corralitos” decretados por De La Rúa y luego continuados por Eduardo Duhalde. Allí habría gozado de la complicidad de influyentes y fuertes personajes de la Justicia.

 

En tanto y para agregar otro lamentable dato a su historial de irregularidades, nunca explicó concretamente la situación de su esposa, María Dolores Conde, quien ingresó a trabajar a la Legislatura cuando Garro fue diputado provincial. Conde figuraba como empleada “activa” en la Cámara baja, pero nadie supo responder dónde prestaba servicios.