Juntos y Camaño negocian una versión final de la ley de alquileres, pero Macri pide derogarla

La negociación por una nueva ley de alquileres quedó trunca en la Cámara de Diputados tras la firma de tres dictámenes de comisión y la oposición inició debates para destrabarla, pero no está fácil: mientras referentes de Juntos por el Cambio buscan un acuerdo con toda la oposición, Mauricio Macri y Patricia Bullrich presionan para derogar la norma vigente antes de discutir otra. 

Claro que sin consenso, la ley sancionada en 2020 seguirá firme, porque no está en los planes del Gobierno eliminarla. Para evitar ese escenario, los diputados de JxC que promovieron su dictamen negocian con Graciela Camaño unirlo con el suyo, que tuvo el respaldo del rionegrino Agustín Domingo, habitual aliado del Gobierno.

Las conversaciones están recién iniciadas y seguirán la semana siguiente. Hay consenso en que los contratos vuelvan a durar 2 años en vez de 3, un pedido de las inmobiliarias de cada rincón del país, pero se aclararía que es un mínimo y no un máximo. Y no se diferenciaría el uso habitacional con el comercial.

Pero la principal diferencia entre los dictámenes es el valor de los alquileres. El de Juntos los libera y anula la fórmula de la ley actual, que combina inflación con variación salarial. Sólo coloca como optativos los índices oficiales. 

El de Camaño y Domingo permite aumentar el alquiler en cualquier momento del contrato, pero a un monto no mayor que la inflación acumulada. Los negociadores de JxC intentan eliminar ese tope y definir el primer aumento a 6 meses. Creen que pueden lograrlo, aunque resta la opinión de Domingo.

Juntos y Camaño negocian un dictamen con precios libres y estudian incentivos fiscales. Macri sólo acepta una derogación. El debate está paralizado. 

El rionegrino es clave, porque si arrastra en su opinión a sus socios del Frente Renovador para la Concordia de Misiones garantiza una mayoría en Diputados y en el Senado. Sería además necesario que Camaño consiga los 8 votos de su bloque, que mezcla otros peronistas disidentes de Buenos Aires, cordobeses y socialistas santafesinos. 

La otra variante que estudian son los incentivos fiscales para poner las viviendas en alquiler, que sólo fueron incorporados en el dictamen del Frente de Todos. En Juntos aseguran que tenían la misma idea, pero no la escribieron porque la Comisión de Legislación General no puede tratar temas impositivos.

Por esa razón, Sergio Massa giró los dictámenes a la comisión de Presupuesto, pero todavía no hay fecha de tratamiento. Mientras tanto, se activó la rosca. 

El problema de un acuerdo opositor es Macri, quien irrumpió en una reunión del PRO por zoom para pedir que se derogue la ley de alquileres antes de debatir otra. De ser así, se eliminarían artículos defendidos por los inquilinos en los debates, como la ampliación de las garantías y los límites a los depósitos para ingresar.

Pero el resto de las fuerzas de JxC ya descartaron esa idea y escribieron el dictamen gestionado por Karina Banfi (UCR) y Carla Carrizo (Evolución radical). Ahora van por un consenso para alcanzar la mayoría, sólo posible si la oposición no se fractura. 

Bullrich instruyó a la línea dura del PRO a no firmar el dictamen y negarse a cualquier acuerdo que sostenga una regulación, aun si eso significara dejar todo como está. 

La hipótesis de que cualquier ley es mala fue la llevada a los debates por los desarrolladores, por entender que no hay retorno de inversión posible con esas restricciones y sus proyectos se caen como dominó. Es por eso, explican, que hay mucha vivienda ociosa. 

La plantearon en una reunión privada con los diputados de Juntos por el Cambio, previa al inicio del tratamiento de una nueva ley, pero a varios no los convenció y trabajaron en un dictamen con la esperanza de atraer al oficialismo, que finalmente optó por mantener el trazo grueso de la ley actual. Ahora buscan un consenso con el resto de la oposición. Creen que están cerca.