La agenda dormida: los proyectos de ley que la oposición tiene frenados en Diputados

El Frente de Todos logró esta semana recuperar la iniciativa política en la Cámara de Diputados con la aprobación por unanimidad del alivio fiscal para los monotributistas y autónomos. Sin embargo, el panorama para las próximas semanas se vuelve mucho más complejo ya que el oficialismo intentará avanzar con varios proyectos que generan fuerte rechazo en la mayor parte de la oposición.

El miércoles, el presidente Alberto Fernández reclamó que la Cámara baja avance con la Reforma de la Justicia Federal, que venía con media sanción del Senado desde 2020 pero perdió estado parlamentario porque nunca se trató. La agenda judicial ocupa un lugar central para una parte de la coalición de gobierno -el kirchnerismo más duro- pero en Diputados el Frente de Todos no tiene mayoría y está obligado a negociar. Hasta el momento no ha logrado construir consensos para ningún proyecto que afecte al Poder Judicial. Por eso, más allá de los reclamos del Presidente, es poco probable que el Gobierno logre avanzar con cualquier modificación de la Justicia Federal.

Otra reforma que le trae dolores de cabeza al oficialismo es la del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la selección y la sanción de los jueces. Este proyecto también llegó con media sanción del Senado -que lo aprobó con el número justo tras negociar cambios de último momento con el rionegrino Alberto Weretilneck- y ahora se encuentra en debate en la comisión de Justicia. El Frente de Todos tiene mayoría en la comisión y podría emitir un dictamen. No obstante, por ahora no tiene los votos para sancionarlo en el recinto.

El proyecto propone una integración del organismo con 17 miembros, sumando un juez, dos abogados y un académico. De esta manera, quedaría compuesto por cuatro magistrados de diferentes zonas del país, cuatro abogados, dos académicos, un representante del Ejecutivo y seis del Poder Legislativo. El principal punto de conflicto entre oficialismo y oposición era el rol de la Corte Suprema. La iniciativa del kirchnerismo no incluye a ningún representante del Máximo Tribunal.

En las últimas semanas las negociaciones entraron en un impasse debido a que el debate fue acaparado por la Boleta Única y el alivio fiscal. Para salir del punto muerto, el oficialismo podría buscar encolumnarse detrás de Graciela Camaño, la diputada de Identidad Bonaerense que plantea que la Corte debe tener un lugar en el Consejo pero que su presidente (Horacio Rosatti) no puede ser su titular. Sería una suerte de solución intermedia.

El impuesto a la Renta inesperada será otra batalla complicada. El jefe de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, se reunió el jueves con Alberto Fernández, quien le indicó que avance con el debate en comisión la próxima semana.

Juntos por el Cambio ya anunció su rechazo, al igual que los cuatro diputados libertarios. Todos coinciden en que la presión tributaria ya es demasiado alta en la Argentina y se resisten a crear nuevos impuestos.

Para llegar al mínimo de 129 votos el oficialismo deberá sumar 11 voluntades entre el Interbloque Federal (8), el interbloque Provincias Unidas (4), el bloque SER (2), el Movimiento Popular Neuquino (1) y el Frente de Izquierda (4).

Justamente para intentar seducir a los bloques provinciales es que el oficialismo destacará que lo recaudado por el impuesto será coparticipable con las provincias. Estos recursos frescos podrían sumar el respaldo de algunos gobernadores. Aunque sin el Interbloque Federal, las cuentas todavía no cierran. El bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez, uno de los referentes de ese espacio, evitó pronunciarse y adelantó que espera a ver cómo se desarrolle el debate. Los cordobeses, en tanto, probablemente votarán en contra.

El gravamen alcanzaría a aquellas empresas cuya ganancia neta o contable sea superior a los $1.000 millones, y además cumplan alguna de las dos condiciones siguientes: por un lado, su margen de ganancia en 2022 sea superior al 10% en términos reales, y que el aumento de ese margen en comparación con 2021 sea de un 20% superior.

Por su parte, el Frente de Izquierda ya manifestó dudas sobre el proyecto ya que “no se establecen por ley las asignaciones específicas”, lo que podría significar que el dinero se utilice para pagarle al FMI (algo que rechazan de plano).

Ese mismo posicionamiento también hace que los cuatro diputados del Frente de Izquierda no apoyen la creación de un fondo para pagarle al FMI con bienes radicados en el exterior sin declarar. Aunque no tienen reparos en gravar el dinero “fugado”, consideran que la deuda con el organismo internacional es “ilegítima”.

El proyecto también fue aprobado en el Senado -impulsado por el senador kirchnerista Oscar Parrilli- y se empantanó en la Cámara baja. Por ahora, solo tuvo lugar una reunión informativa en la comisión de Legislación General con la exposición de una decena de expertos en economía, derecho y materia tributaria. Este miércoles, el ministro de Justicia Martín Soria y el Secretario de Justicia, Juan Martín Mena, defenderán la iniciativa en un plenario de comisión.

En la Cámara alta la cordobesa Alejandra Vigo votó en contra, por lo que se descuenta que los tres diputados cordobeses del Interbloque Federal se pronunciarán en el mismo sentido.

Ante la consulta de Infobae, desde la bancada del Frente de Todos reconocen que la agenda judicial está alejada de la “agenda de la gente” y no se muestran muy esperanzados de poder alcanzar consensos lo suficientemente amplios. No obstante, destacan que la oposición no está unificada en todos los temas. “Hay que hablar de las oposiciones, y con las fuerzas provinciales siempre se puede negociar”, señalan en referencia a proyectos como la Renta inesperada y el fondo para pagarle al FMI.