Ley corta sobre Vaca Muerta: interminable debate que parece destrabarse en Diputados

La ley de hidrocarburos, presentada por Alberto Fernández y Martín Guzmán luego de la derrota de las primarias como una iniciativa troncal del actual mandato, terminó arrumbada en un cajón del Senado. Al presentar la iniciativa en septiembre del año pasado, minutos antes de las renuncias masivas de los funcionarios kirchneristas, Alberto Fernández afirmó que se trataba de un tema clave para la generación de divisas que necesita el país. Pero no prosperó.

 

Ahora circula un borrador de un proyecto menos ampuloso y más concreto que responde a las exigencias de las principales compañías del mundo, que le explicaron al ministro durante sus últimas giras, que para volcar en Vaca Muerta los miles de millones de dólares que necesita de inversión, tiene que habilitar que parte de las ganancias por exportaciones queden en el exterior para poder pagar los créditos que toman y a la vez repartir dividendos a los accionistas. 

La iniciativa está bajo análisis de los diputados patagónicos, de todos los partidos, con la idea de empezar a construir consenso para su sanción, a partir de ese núcleo. En efecto, el diputado por Neuquén de Juntos por el Cambio, Pablo Cervi, anticipó su apoyo a la iniciativa.  

 

 

"Apoyo la idea de flexibilizar las condiciones para las inversiones, en darles previsibilidad. Las empresas te dicen claramente que si no pueden sacar las divisas no van a invertir" afirmó Cervi en declaraciones a FM La Patriada. 

Fuentes al tanto de la discusión, afirmaron que esta nueva iniciativa respeta el objetivo del Decreto 929/2013, que habilitó la entrada de Chevron durante el kirchnerismo. Se trata de habilitar para exportar el 20% del gas y petróleo que produzcan, sin retenciones. Se les asegura además que podrán disponer del 100% de las utilidades que ese porcentaje de exportación genere.

 

El nivel de inversión mínimo requerido para acceder al beneficio es de 50 millones de dólares, o su equivalente en pesos. Si bien el Decreto 929 originalmente preveía una inversión de 1.000 millones, el artículo 19 de la ley 27.007 bajo el piso de inversión a 250 millones.

La inversión puede ser tanto de dólares que ingresen del exterior como así también en pesos derivados de utilidades que se reinviertan.

 

 

A su vez se amplía el universo de beneficiarios. Además de hidrocarburos convencionales y no convencionales se incorporan otras actividades como el transporte, compresión, separación, tratamiento y almacenaje de los hidrocarburos, industrialización de los hidrocarburos y sus derivados, ejecución de obras de infraestructura energética y otros servicios conexos.

Esta ampliación sectorial es lo que justifica en parte la necesidad de reducir el piso de inversión a 50 millones. Se exige además a los beneficiarios desarrollar un programa de proveedores nacionales.

El régimen tendrá vigencia hasta el 2047 y en el texto de agrega que cualquier modificación o reemplazo a la presente ley requerirá del voto de las dos terceras partes de los miembros de la cámara legislativa, para dar estabilidad jurídica a la norma.