Ley de Indemnizaciones de La Cámpora: El gobierno de Kicillof no se compromete

Axel Kicillof ha reiterado su distanciamiento respecto a la ley de indemnizaciones laborales que promueve La Cámpora, la cual ha generado gran preocupación entre PYMES y grupos empresariales. La postura oficial de la gestión provincial es clara: el proyecto no cuenta con respaldo del Ejecutivo.

En línea con las declaraciones de Kicillof sobre el proyecto, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, enfatizó: “No es un proyecto del Ejecutivo. Estamos al tanto de su tramitación en la Legislatura, pero no forma parte de nuestra agenda”, expresó en una rueda de prensa.

El proyecto, presentado en 2023 por la camporista Maite Alvado y la sindicalista Soledad Alonso, propone reemplazar la tasa pasiva en los juicios laborales con el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). La medida busca corregir la pérdida de valor de las indemnizaciones debido a la inflación y el prolongado tiempo de los juicios, que pueden durar hasta cinco años.

La propuesta ha suscitado una fuerte oposición entre las entidades empresariales. Numerosas organizaciones, agrupadas en la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), han expresado su rechazo. Según el presidente de FEBA, Camilo Alberto Kahale, la ley perjudicaría la estabilidad y generación de empleo en las PYMES, exacerbando la crisis que enfrentan actualmente.

Por su parte, las empresas también están instando a los jueces a evitar la aplicación extensiva de la doctrina Barrios, que introduce la inflación en los cálculos de indemnización y declara inconstitucional la prohibición de indexar estos pagos.

A pesar de la oposición y la incertidumbre, el bloque de Unión por la Patria mantiene su apoyo al proyecto. La senadora Teresa García defendió la propuesta, argumentando que busca mejorar la situación de los trabajadores que enfrentan largas demoras y reducciones en sus indemnizaciones. García también minimizó las preocupaciones de las PYMES, sugiriendo que los problemas financieros de las empresas se deben más a otros factores, como los costos de energía, que al proyecto de ley.