Política

Se viene la Re-Re en Jujuy: el Virrey de la Puna metió una reforma constitucional por la ventana

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, logró este martes la aprobación a la reforma constitucional y de esta manera dejó en evidencia el poder de fuego que tiene a nivel local y que, tras este paso, intentará convertirlo en un salto nacional para relanzar su campaña y consolidarse como el candidato a presidente del radicalismo.

En concreto, la Legislatura local aprobó el proyecto de ley de Declaración de la Necesidad de la Reforma Parcial de la Constitución impulsada por el mandatario radical dos semanas atrás.

El proyecto de Morales requería de los dos tercios de la cámara. Y pese a que hasta última hora el gobernador le faltaba un voto para lograr su visto bueno, finalmente consiguió el número necesitado.

Tras el debate, los cruces y las posturas expuestas por todos los bloques, desde la oposición pidieron que la votación sea nominal, algo que finalmente fue rechazado y la votación fue grupal, segun consigno Telam.

El peronismo ya había adelantado que votaría en contra y lo reconfirmó este martes. "Nosotros llevamos la cuarta reunión en el marco del Consejo del Partido Justicialista y nuestra opinión es que no es el momento para la reforma de la Constitución de Jujuy", había señalado la vicepresidenta primera del PJ jujeño y exsenadora nacional Liliana Fellner.

Juntos por Jujuy, referenciado en el senador nacional Guillermo Snopek, también se manifestó en la misma línea. Sus legisladores afirmaron en las últimas horas que

Nos oponemos a este intento, no es conveniente porque observamos que el gobernador la podría haber planteado con la realización de las elecciones generales en 2023 para despejar cualquier tipo de dudas sobre una posible re-reelección, pero esto no fue así

La iniciativa anunciada por Morales modifica 47 ítems para avanzar, entre otros aspectos, en la prohibición de cortar rutas como metodología para las protestas sociales, e implantar la prohibición del indulto a quienes cometan delitos de corrupción contra el Estado e institucionalizar nuevos derechos para la ciudadanía.