De Bono a Cristina: el kirchnerismo presiona por una herramienta para contener la pobreza

El bono mensual para las personas que no alcanzan la canasta básica alimentaria que el Gobierno tenía previsto implementar en los últimos tres meses del año con parte de la recaudación del llamado dólar soja entró en zona de negociaciones entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y el cristinismo, por lo que su otorgamiento podría dilatarse en el tiempo y reducirse al último bimestre.

Aunque Hacienda garantiza los fondos bajo el argumento de que la meta de la liquidación por el dólar soja fue sobrecumplida, las cuestiones a acordar serán el reparto y la cantidad de cuotas. El pago podría pasar de octubre a noviembre, algo que preocupa a las organizaciones sociales aliadas porque no queda claro si el cambio supondría solo una demora o implicaría la reducción de la masa de recursos que se destinaría a la medida.  “No van a ser tres meses”. La noticia llegó de boca de un funcionario de primera línea de la administración de Alberto Fernández a los movimientos oficialistas, que esperaban novedades después de que venciera el beneficio cambiario del llamado dólar soja, el 30 de septiembre, que financiaría, además, “una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad”, según definió el decreto 576/2022, que reglamentó el programa. 

La definición del decreto atendió una necesidad política urgente. En agosto, la senadora cristinista Juliana Di Tullio presentó un proyecto de ley de refuerzo de ingresos para reducir la indigencia mediante la creación de una prestación monetaria mensual para quienes no alcanzan la canasta básica alimentaria de una persona adulta. En paralelo, el dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y líder de Patria Grande, Juan Grabois, le había reclamado a Massa que tomara una medida redistributiva que atendiera de manera pronta a los sectores más vulnerables. Ante la dilación del ministro, el espacio de Grabois amenazó, incluso, con romper el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. 

Cristina Fernández de Kirchner intervino en la negociación, convenció a Massa de crear una prestación para indigentes – en línea con el proyecto de Di Tullio – y contuvo la salida del grupo de Grabois. Lo acordado, entonces, fue que la prestación sería para los últimos tres meses del año y representaría un monto del 0,09% del PBI, pero Massa no dio más precisiones y, en los últimos días, dirigentes de los movimientos sociales afines al Gobierno recibieron el mensaje de que Economía pensaba afinar aun más el lápiz en octubre, un mes complicado por la cantidad y el volumen de vencimientos de deuda en pesos, más de 800 mil millones. Según le dijeron a Letra P dos referentes de organizaciones oficialistas, el monto para paliar la indigencia cubriría solo los últimos dos meses del año y Massa lo implementará para cuidar su relación con Cristina, al tiempo que mira con preocupación las cuentas. 

Terminado el programa de dólar soja con una recaudación que incluso superó lo esperado, ahora toca cumplir el compromiso asumido en simultáneo: un refuerzo de ingresos para la población bajo la línea de indigencia. No hay más tiempo que perder.

— Itai Hagman (@ItaiHagman) October 4, 2022

Ante la consulta de este medio, en el Ministerio de Economía no dieron precisiones y confirmaron que Massa se reunirá en las próximas horas primero con la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, y luego  con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, para avanzar en las precisiones de monto y cuotas. Pese a la desconfianza de los movimientos, en el massismo aseguran que el ministro cumplirá con lo pactado, aunque lo hará a su manera: cuidando la bandera del ordenamiento fiscal mientras Cristina presiona con las demandas de su electorado. 

En el cristinismo dijeron no tener información sobre el tema. La sola implementación del beneficio, la identificación del universo de destinatarios, cercano a dos millones de personas, y el cruce de las bases de datos generará demoras que justificarán que el pago no llegue a hacerse en octubre. 

La negociación entre Massa y Cristina transcurre en el ámbito privado, aunque la semana pasada la vicepresidenta usó su cuenta de Twitter para meter presión pública. “El Ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”, dijo Cristina dos días antes de que venciera el beneficio cambiario del dólar soja, tras la publicación de los datos de pobreza e indigencia por parte del INDEC. En Hacienda desdramatizan las charlas por la letra chica, porque el instrumento, en realidad, ya está diseñado.