Una reciente investigación expone los millonarios ingresos que generan el rey Carlos y el príncipe William mediante sus ducados privados de Lancaster y Cornwall. Estos ingresos provienen de tarifas cobradas a una variedad de organizaciones, incluyendo el NHS y el ejército británico, lo que genera controversia en el Reino Unido.
La exención de impuestos corporativos aplicada a estos ducados ha despertado inquietud sobre su equidad fiscal. A diferencia de empresas regulares que deben tributar, las propiedades reales mantienen sus ganancias sin necesidad de pagar impuestos corporativos, lo que algunos sectores ven como un beneficio injusto.
Los ducados también cobran a entidades benéficas y servicios públicos por el uso de sus terrenos, como el caso de St. John’s Ambulance y el NHS, que alquila un almacén para ambulancias. Estos cobros han suscitado críticas por impactar fondos destinados al bienestar público.
En respuesta a la polémica, el príncipe William ha anunciado su compromiso de llevar el Ducado de Cornwall a la neutralidad de carbono para 2032. Sin embargo, la confidencialidad en torno a la cantidad exacta de impuestos pagados por estos patrimonios sigue siendo un punto de debate.
Los voceros de ambos ducados aseguran que estas propiedades no dependen de financiamiento público y sostienen que los ingresos generados permiten inversiones en sostenibilidad y proyectos comunitarios.
Este informe ha puesto en el foco el papel económico de la monarquía británica y las condiciones fiscales favorables que permiten a los ducados generar ingresos significativos sin pagar impuestos, una situación que despierta opiniones encontradas en el Reino Unido.
