El proyecto de ley para crear un salario básico universal capaz de sustituir los planes sociales promovido por el dirigente social Juan Grabois tiene respaldo del kirchnerismo, pero por ahora no está en agenda que se trate porque no hay consenso en el oficialismo. Se suma a otras iniciativas para convertir planes sociales a empleo de Juntos por el Cambio y a una de Sergio Massa, presentada el año pasado.
Los legisladores cercanos a Cristina Kirchner no tienen una propio y apuestan a la presentada hace un mes por el diputado Itaí Hagman, militante de Patria Grande, la agrupación liderada por Grabois. "Estamos buscando los consensos en el Frente de Todos para empezar a debatirlo", reconocieron fuentes cercanas al dirigente social.
A la presentación de Hagman asistieron el jefe de su bloque Germán Martínez y la titular de Unidad Ciudadana en el Senado, Juliana Di Tullio. Y tras la crítica de Cristina por un incremento desmedido de los planes sociales, la iniciativa volvió a mencionarse en el Congreso como una salida a largo plazo de la intermediación en la ayuda social.
La ley no elimina los planes sociales pero traza un camino para diluirlos en el mediano plazo, porque asigna un salario universal de igual valor de la canasta básica alimentaria medida por el Indec (13 mil pesos) a adultos de entre 18 y 64 años que esten desocupados o registren bajos ingresos y no perciban ninguna asistencia del Estado.
Se identifican como tales a los inscriptos en la categoría A del monotributo, asalariados que reciban ingresos similares, trabajadores agrarios o de casas particulares.
Para sostener el salario básico, habrá que acreditar la finalización de estudios primarios y/o secundarios; talleres de formación profesional y capacitación laboral, de orientación laboral, de profesionalización del Trabajo Doméstico, o de desarrollo de actividades sociocomunitarias.
El proyecto del salario básico universal diluye a largo plazo los planes sociales, porque le asigna un ingreso de un canasta básica a los sectores vulnerables que no perciban otra ayuda. El kirchnerismo se apoya pero aún no se trata.
El ministro de Desarrollo Social de la provincia Andrés "Cuervo" Larroque ratificó el respaldo del kirchnerismo a la iniciativa, aunque pidió cambiarle el nombre para dejar claro que el ingreso es sólo para el sector más desguarnecido.
"No estoy de acuerdo con la denominación de ‘Salario Básico Universal' porque no es para todo el universo social, sino sólo para una parte. Lo más correcto sería hablar de una política de ingresos transitoria", sostuvo en declaraciones radiales.
Larroque ya había hecho explícito el respaldo a la ley en un acto con Grabois en la Cámara de Diputados de la provincia, en la que desafió al peronismo a "perforar el cerco mediático" y animase a tratarla.
Este martes, el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés, cercano al presidente, no descartó su apoyo si prospera. "Me gusta la iniciativa del Salario Básico Universal, como me gusta todo lo que suba el piso de dignidad de la población", sostuvo en una entrevista con DTV. De todos modos, no sería una bajada de línea de la Casa Rosada.
Pero por ahora la ley está cajoneada. Fue girada a las comisiones de Presupuesto, Previsión Social y Legislación del Trabajo. La primera la preside Carlos Heller y las otras dos diputadas kirchneristas: Marisa Uceda y Vanesa Siley.
El problema, señalan cerca de Grabois, es que no todo el FdT esta de acuerdo con el salario básico universal y abrir el debate puede desangrar la interna.
Juntos por el Cambio tiene proyectos presentados para cambiar los planes sociales por empleo a través de los diputados Emilio Monzó y José Nuñez. Como el oficialismo no tiene mayoría en Diputados, si abre el debate deberá tenerlos en cuenta.
También hay otra iniciativa presentada el año pasado por Massa, denominada "puente al empleo", que se anticipó al debate impuesto por la vicepresidenta el 20 de junio. Promueve la transformación gradual de planes en puestos de trabajo, mediante facilidades como el mantenimiento de la ayuda por un año como complemento del salario y el acceso a obra social y ART.
Para fomentar el empleo, el presidente de la Cámara propone la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales por hasta 24 meses por cada empleado, con un tope de la suma equivalente a dos salarios mínimos por cada uno y con una nómina máxima de 5 a 20 empleados. Este proyecto tampoco se trató. El debate interno no está saldado.
