El millonario negocio de las multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires
¿Sabías que detrás de cada multa de tránsito en la provincia de Buenos Aires se esconde un entramado millonario lleno de irregularidades? Este negocio, que debería estar enfocado en la seguridad vial, parece estar diseñado para beneficiar a unos pocos. Te contamos cómo funciona esta trama que combina corrupción, empresas privadas y hasta universidades. ¿La cabeza de la organización? Jorge D’Onofrio.
Todo empezó en 2008, durante el gobierno de "pichichi" Daniel Scioli, con la implementación de radares y cámaras para reducir accidentes en las rutas provinciales. La idea era noble: cuidar vidas y generar conciencia vial. Sin embargo, con el tiempo, este sistema se convirtió en un negocio millonario.
El Ministerio de Transporte de la provincia, actualmente liderado por Jorge D’Onofrio, autoriza convenios con municipios para la instalación de radares. Hasta ahí, parece todo correcto. Pero lo que no se ve es cómo estos acuerdos esconden cláusulas que reparten ganancias millonarias entre empresas privadas y algunas universidades.
- Los municipios firman convenios con empresas privadas que instalan los radares.
- Estas empresas, registradas en la provincia, se llevan hasta el 55% de la recaudación.
- Las comunas se quedan con el 45% restante, pero deben rendir cuentas al sistema provincial.
Por ejemplo, en Lezama, un municipio clave en la Ruta 2, los radares recaudaron más de 222 millones de pesos en lo que va del año. De ese monto, casi la mitad fue a parar a CECAITRA, una de las principales empresas del sector.
Además, universidades como la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín) están involucradas en este esquema. Solo en 2024, esta casa de estudios habría recaudado 7 mil millones de pesos a través de convenios con municipios como General Pueyrredón y Zárate.
Uno de los problemas principales es la opacidad de los convenios. Ni los municipios ni las empresas privadas suelen revelar los términos exactos de estos acuerdos. Esto dificulta saber si realmente se están utilizando los fondos para obras que mejoren la infraestructura vial, o si solo se destinan a alimentar el negocio millonario.
El reciente anuncio de la implementación del Domicilio Vial Electrónico, una iniciativa del gobierno bonaerense para informatizar las multas, busca traer algo de claridad. Sin embargo, muchos temen que esta medida solo sea una pantalla para mantener el sistema tal como está.
Mientras los municipios continúan recaudando cifras astronómicas y las universidades amplían sus convenios, el objetivo original de las multas, que es prevenir accidentes, parece quedar en segundo plano. Para muchos automovilistas, las multas de tránsito no solo son un dolor de cabeza, sino también un reflejo de un sistema que prioriza las ganancias sobre las verdaderas obras necesarias para mejorar las rutas de la provincia.
La pregunta sigue siendo: ¿hasta cuándo los bonaerenses deberán financiar este negocio millonario disfrazado de seguridad vial?