VISIÓN POLÍTICA

Rafuls no administra directamente la pauta del gobierno libertario, sino que lo hace a través de la consultora Tonal, dirigida por los hermanos Tomás y Jorge Noguer. Este esquema repite la estrategia que utiliza Eduardo Serenellini, secretario de Prensa, a través de la consultora AB de Carlos Azzariti, quien es gerente de Marketing de Página/12.

Estas consultoras ofrecen a los medios el acceso a la pauta oficial cobrando una comisión que oscila entre el 12% y el 17,5%. Así, el gobierno evita la necesidad de realizar licitaciones públicas y puede seleccionar arbitrariamente a las consultoras que distribuyen su pauta. Esta práctica se presenta como si las consultoras "representaran" a los medios en lugar de al Poder Ejecutivo, creando una apariencia de legitimidad. Sin embargo, la realidad es que estas comisiones, que involucran sumas millonarias, plantean interrogantes sobre su distribución.

"Rafuls tiene el control total. Es muy cercana a Santiago Caputo y al vicepresidente del Banco Nación, Darío Wasserman, quien es de confianza de Karina Milei", comentó a LPO un empresario de medios disgustado por la imposición de esta consultora.

El encargado de implementar este sistema es Roberto di Lorenzo, un controvertido ex jefe de Gabinete del secretario de Comercio massista Matías Tombolini, a quien Patricia Bullrich apodó "Tongollini" en un debate presidencial. Actualmente, di Lorenzo es la mano derecha de Santiago Caputo en la gestión de la pauta oficial.

Esta situación contrasta con las promesas del gobierno, que había anunciado la transformación de la agencia Télam en un ente para gestionar la publicidad estatal, con el fin de eliminar intermediarios como Rafuls y Azzariti. Sin embargo, dicha promesa, al igual que la de suspender la pauta oficial en el primer año de gestión, no se ha cumplido.

Rafuls, una experimentada operadora de prensa, se destacó en los años 90 por su defensa de Víctor Alderete, implicado en múltiples escándalos de corrupción. En esa época, ella misma estuvo involucrada en un caso de corrupción por un libro encargado por el entonces presidente del PAMI.

LPO reveló que Rafuls y su esposo Jorge Gandara, cercanos al influyente operador radical Enrique "Coti" Nosiglia, están asesorando a Caputo en la toma de control de los servicios de inteligencia. Un nombre relevante en esta trama es José Luis Vila, un histórico aliado de Nosiglia, designado como secretario de Estrategia Nacional y participante en la creación de nuevas agencias dentro de la SIDE.

La influencia de Rafuls se extiende al ámbito judicial, manteniendo una relación cercana con el juez Ariel Lijo. Además, desde hace tiempo, maneja la comunicación del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien sigue en su cargo a pesar de las denuncias de violación en su contra.

La implicación de Vila en la Secretaría de Inteligencia y el papel de Rafuls en la gestión de la pauta están conectados, ya que los fondos reservados de la SIDE son utilizados por Santiago Caputo para influir en medios, periodistas, influencers libertarios y plataformas digitales, con el objetivo de presionar a opositores y periodistas independientes.

La influencia de esta consultora en el gobierno se evidenció cuando facilitó una reunión entre Caputo y el sindicalista peronista Víctor Santa María, dueño de varios medios de comunicación y amigo cercano de Rafuls. Aunque Santa María negó este encuentro, el conflicto salarial en sus medios, como Página/12 y el canal de noticias IP, parece haberse resuelto tras dicha reunión. Santa María también ha enfrentado críticas dentro del bloque de diputados peronistas por la tardanza de Gisela Marzziota en participar en una sesión crucial para la derogación de los fondos reservados de Santiago Caputo.