VISIÓN POLÍTICA

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia.

El inicio de la acción penal se da como consecuencia de requerirle en reiteradas oportunidades el inicio de un sumario administrativo vinculado a hechos irregulares acaecidos en el ámbito de su cartera ministerial en 2016, y por los cuales la PIA había dictaminado. Las exigencias que se le pedían jamás fueron presentadas por parte de la cartera de Ferraresi.

La presentación lleva las firmas del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, el auxiliar fiscal Gabriel Quintana Landau y la auxiliar fiscal Daniela N. Pérez y es consecuencia del caso que derivó en el proceso penal que tramita ante el Juzgado Federal de Campana y que, recientemente, en forma parcial, se elevó a juicio ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín respecto al exintendente del Municipio de Pilar, Nicolas Ducoté, y de otros funcionarios locales en relación con tres convenios específicos celebrados entre el exministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y ese municipio por una suma total aproximada de $460.829.737, según cuenta el portal Fiscales.

Según la PIA, en el proceder del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat se revelaron una gran cantidad de irregularidades que daban cuenta de comportamientos delictivos por parte de los funcionarios públicos intervinientes en la tramitación de los convenios. En virtud de estos hechos, entre los cuales se advertía la falta de control en las rendiciones de cuentas aprobadas por la cartera de Ferraresi, se impulsó en reiteradas oportunidades la formación del sumario administrativo, sin que el denunciado cumpla con las obligaciones legales de su cargo.

En la denuncia al ministro Ferraresi, formulada ante la Cámara Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires, se pone de manifiesto que su conducta omisiva resulta jurídicamente relevante en dos sentidos: en primer lugar, el incumplimiento de la Ley Orgánica del Ministerio Público en función de los requerimientos efectuados; por otro lado, la Procuraduría advirtió que la omisión deliberada de no ordenar la instrucción de sumario impide conocer sobre la existencia de los hechos, la identificación de posibles funcionarios responsables y la determinación de un eventual perjuicio fiscal.

"Al no ordenar la investigación de los hechos en cuestión, incumplió con el deber de control que le competía. Máxime cuando surge indefectiblemente de la causa penal la insuficiencia de los controles debidos, permitiéndose así una afectación del tesoro nacional y el normal funcionamiento de la Administración Nacional. Ello con independencia de la consecuencia penal a la que se arribe en el marco de la mencionada causa penal", manifiesta la denuncia que público el mismo portal. Fuentes: LaMovidaPlatense.com, VisionPolitica.info, NoticiasEnsenada.info, CriticaArgentina.com.ar