Esta mañana la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió presentó un amparo junto a vecinos del barrio de Recoleta, para intimar al Ministerio de Seguridad de la Nación a que garantice los derechos constitucionales de quienes viven allí. “Venimos a interponer este amparo a fin de que se intime al Ministro de Seguridad de la Nación a garantizar la seguridad publica en el radio territorial afectado por las manifestaciones que se desarrollan en forma continua desde el 23 de agosto de 2022, donde vive la vicepresidenta Cristina Fernández, toda vez que estén siendo vulnerados los derechos a circular, a la salud, a la integridad física y psicológica, al ambiente, a comerciar libremente, a trabajar y el derecho de propiedad, consagrados en la Constitución”, señala el documento.

El escrito agrega: “La conducta omisiva de las autoridades nacionales en la obligación de garantizar la seguridad publica en el territorio afectado lesiona nuestros derechos amparados constitucionalmente”. La presentación fue realizada junto a Mariana Raynelli, comunera de Recoleta por la Coalición Cívica y se encuentra en el Juzgado N° 11, a cargo de la Jueza Alejandra Débora Abrevaya.

Cabe destacar que esta presentación se da luego de los incidentes que se vivieron durante el fin de semana frente al departamento de Cristina Fernández de Kirchner, hecho que generó que diversas figuras de la política expresaran sus opiniones. En el caso de Elisa Carrió había manifestado que “Cuando uno elige vivir en un lugar, tiene que respetar a los vecinos, y la verdad que ella (CFK) nunca quiso salir (de su casa), porque es una desclasada”. Luego de realizar esas declaraciones, Lilita, que también vive en el barrio de la Recoleta, a través del recurso de amparo, pidió a la Justicia que ordene al Ministro

Aníbal Fernández dar cumplimiento con su obligación legal de garantizar la seguridad pública en la zona afectada a través de los medios que correspondan, siendo responsable de cualquier daño

En el marco de dicha cautelar, la líder de la Coalición Cívica manifestó que, desde que comenzaron las manifestaciones a favor de la vicepresidenta, luego del pedido de condena por la Causa Vialidad, “están siendo vulnerados los derechos a circular, a la salud, a la integridad física y psicológica, al ambiente, a comerciar libremente, a trabajar y el derecho de propiedad, consagrados constitucionalmente (arts. 14, 33, 41, CN), y por el bloque de legalidad vigente”.

También agrega que “Los hechos que se describen nos causan un gravamen y a los terceros afectados que padecen la situación en completo estado de indefensión; pues se están vulnerando derechos consagrados”. “Estamos sufriendo la lesión y violación sistemática de nuestros derechos constitucionales", “lo que aquí se halla en juego es el avasallamiento de derechos humanos”, señala.

Además la política y abogada, expone que los vecinos de la zona sufren de una “grave alteración” de sus vidas porque “para algunas personas afectadas ha significado hasta la necesidad de tener que irse temporalmente de sus hogares”. Además, explica que los principales afectados por estos hechos son los “adultos mayores, comerciantes, personas con discapacidad, en definitiva, sujetos cuyos derechos se encuentran vulnerados debido al estado de indefensión actual e inminente”.

Con respecto a la alteración en la vida de los vecinos, el documento hace referencia, entre otras cosas a que, "como consecuencia de la alta y constante concentración de un numero indeterminado de personas en la zona afectada, vulneran el cuidado y la preservación del ambiente y la salud de las personas, esto se agrava ante la ausencia de equipamiento sanitario, que provoca que las personas hagan uso del espacio público y privado para hacer sus necesidades personales”.

Se montan negocios y parrillas ambulantes con lo que ello conlleva (quema de materiales, inicio de fuego en lugares prohibidos, con el riesgo que apareja, olores, ruidos, basura)

La presentación también menciona los manifestantes utilizaron “fuegos artificiales en pleno ejido urbano, incluso contra las aberturas de los inmuebles aledaños, lo cual genera trastornos al sueño, ansiedad, a la salud, intranquilidad constante y temor” y todo ello se da en el marco de “una situación sobre la cual no se advierte una pronta finalización”. “Se suma a lo expuesto que durante dos años estuvimos con restricciones por la pandemia del COVID 19, con las consecuencias que eso tiene para la población en general, de lo que no escapan quienes suscriben, ni los demás terceros afectados a quien represento, y ahora, cuando poco a poco estamos retomando nuestra vida normal, estos hechos generan una nuevo quiebre”, destacan Carrió y los vecinos de Recoleta.

Por último, el documento, que tiene 15 páginas de extensión, refiere a que, desde la semana pasada, se está llevando a cabo una vulneración de los derechos y que desde el Ministerio de Seguridad Nacional se demuestra una omisión de sus deberes. Por ello, Carrió pide a la justicia celeridad en la revisión de esta medida, “ya que existe grave peligro evidente en la demora del cumplimiento de la obligación del deber de seguridad”, “y la demora en las actuaciones y/o diligencias judiciales puede tornarlas ineficaces u originar mayores perjuicios evidentes”.

Fuentes: LaMovidaPlatense.com, VisionPolitica.info, NoticiasEnsenada.info, CriticaArgentina.com.ar, PrimeraPagina.info