La reciente adopción de la Boleta Única Papel a nivel nacional plantea un escenario complejo en la provincia de Buenos Aires, que aún mantiene el sistema de boletas por espacio político. Según la normativa actual, las elecciones deberán realizarse de manera separada o concurrente. Esta última opción implica que las votaciones se lleven a cabo el mismo día pero con urnas y cuartos oscuros diferentes, un método que generó dificultades en los comicios porteños del año pasado, cuando se utilizaron dos sistemas distintos: boleta de papel para las categorías nacionales y voto electrónico para las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En cualquier caso, separar las elecciones provinciales de las nacionales —que ya no compartirían la misma papeleta— implicaría que la Justicia Federal dejara de supervisar la elección de gobernador, legisladores provinciales e intendentes. En cambio, esta responsabilidad recaería exclusivamente en la Junta Electoral de la Provincia.

El único antecedente de una elección provincial en solitario desde 1983 fue el plebiscito de 1990, donde se rechazó una reforma constitucional. Incluso entonces, la Justicia Federal participó gracias a un convenio establecido por el Decreto 1287/90, que autorizaba la intervención de organismos nacionales en apoyo a la Junta Electoral Provincial.

Si no se modifica radicalmente la estructura de la Junta Electoral, dotándola de un presupuesto significativamente mayor y personal capacitado, la organización de elecciones provinciales podría verse seriamente afectada. A esto se suma la creciente distancia política entre la Casa Rosada y la Gobernación, que podría entorpecer aún más el traspaso de competencias esenciales.