En Francia, la reciente implementación de unidades policiales militarizadas, como la BRI, el RAID y el GIGN, ha generado una oleada de represión en los barrios populares, lo que ha llevado a violentos enfrentamientos y detenciones masivas. El detonante fue el asesinato policial de Mohamed durante las revueltas, lo que ha exacerbado la ira y la indignación de la población.

El gobierno de Emmanuel Macron ha sido acusado de utilizar medidas autoritarias para silenciar las protestas contra la violencia policial y el racismo de Estado. A través de prohibiciones, como la marcha Justicia por Adama en Beaumont-sur-Oise y la manifestación contra la violencia policial, el gobierno busca limitar cualquier forma de expresión contraria a su política.

Además, el presidente Macron ha amenazado con implementar prohibiciones en las redes sociales para evitar que la situación se salga de control. Esto ha generado preocupación en la población, ya que puede restringir la libertad de expresión y la capacidad de denunciar abusos y violaciones de derechos humanos.

Los usuarios de redes sociales también han sido blanco directo del gobierno. Varios ciudadanos han denunciado haber sido interrogados y detenidos por la policía después de publicar mensajes críticos en Twitter e Instagram. Estos incidentes incluyen a un concejal que fue detenido por cuatro horas debido a una publicación sobre una violenta detención policial y a otro internauta que enfrentó 20 horas de custodia por criticar a Macron y a la policía, siendo condenado a servicios comunitarios y cárcel si no los cumplía.

Asimismo, un joven fue detenido por revelar en un tuit la dirección del asesino de Nahel, lo que ha generado preocupación sobre la discrecionalidad de las autoridades para aplicar la ley.

Frente a estas medidas represivas y autoritarias, diversos grupos y activistas han hecho un llamado a la unidad para defender los derechos democráticos. Sus demandas incluyen una amnistía para todos los detenidos durante las revueltas, la derogación de leyes de seguridad y racistas, y la eliminación de la ley de inmigración. Además, abogan por construir un programa que permita abordar de manera integral los problemas de violencia policial y racismo de Estado.

La situación en Francia continúa siendo tensa y ha atraído la atención tanto a nivel nacional como internacional. La represión policial y las medidas autoritarias están siendo objeto de un intenso debate, y los defensores de los derechos humanos están haciendo un llamado a proteger y promover los principios fundamentales de la democracia y la libertad de expresión.