¿Qué se esconde detrás del intento de cambiar una ley justo cuando un legislador es investigado por abuso sexual? En Santa Cruz, crece la tensión política y judicial por el caso de Fernando Españón, jefe del bloque del gobernador Claudio Vidal en la Cámara de Diputados provincial. La justicia avanza con dos causas graves, y mientras tanto, el oficialismo busca frenar el posible desafuero del legislador.

La Cámara Criminal de Río Gallegos, a través del juez Jorge Daniel Yance, presentó un pedido formal de desafuero contra Españón. ¿Por qué? El diputado está procesado por abuso sexual simple (tres hechos), abuso sexual coactivo en contexto de dependencia, abuso de autoridad y desobediencia. Las causas se acumulan, y ya no se trata de rumores: hay un pedido judicial concreto.

Lejos de apartarlo, el oficialismo provincial se movió rápido para blindarlo: presentó un proyecto para modificar la ley de desafueros. En Santa Cruz ya le dicen "la ley Españón". La movida generó revuelo, porque el proyecto apareció justo después de que la Cámara Criminal solicitara el desafuero. El timing no pasó desapercibido.

En este contexto, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, salió con los tapones de punta. “La doble vara. Mientras en Buenos Aires el gobernador Claudio Vidal impulsa la Ficha Limpia, en Santa Cruz protege a un imputado por abuso sexual como jefe de bloque en la Cámara de Diputados”, escribió en redes. La crítica fue directa, sin rodeos, y alimentó el fuego cruzado entre sectores del oficialismo y la oposición.

Lo llamativo es que cuando Españón era intendente de 28 de Noviembre, vetó la ordenanza de Ficha Limpia que su propio Concejo Deliberante había votado por unanimidad. Hoy, ese mismo exintendente busca mantenerse como legislador pese al peso de las causas en su contra.

El caso abre un debate clave en la provincia: ¿puede una persona procesada por delitos sexuales seguir ocupando una banca en la Legislatura? ¿Debe una mayoría política cambiar una ley para proteger a uno de los suyos?

Mientras tanto, el pedido de desafuero está en manos de la misma Cámara de Diputados donde Españón tiene peso político. Lo que ocurra en las próximas semanas será determinante. ¿Prevalecerá la Justicia o la rosca política?

La causa ya no pasa desapercibida. Y cada paso que se da, tanto en los tribunales como en la Legislatura, es seguido de cerca por los medios, la sociedad y organismos que exigen una respuesta clara.

¿Se animará la política santacruceña a responder a este caso como corresponde? Esa respuesta todavía no llegó. Pero el reloj ya empezó a correr.