Mientras el Congreso debate la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, una voz inesperada irrumpió con fuerza: la de la Iglesia Católica Argentina. ¿Por qué un tema judicial encendió las alarmas de los obispos? Lo que dijo el obispo riojano deja abierta una advertencia que ya generó ruido político.

En medio del tratamiento parlamentario del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, la Iglesia Católica Argentina salió a marcar posición. Lo hizo a través de Monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, quien criticó sin vueltas la iniciativa oficial.

“No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”, afirmó Braida, en declaraciones públicas que dejaron clara la postura de la Iglesia frente a una de las reformas más controversiales del oficialismo.

El proyecto original proponía imputar penalmente desde los 13 años, pero tras negociaciones en Diputados, el oficialismo aceptó subir el umbral a 14 años para intentar conseguir apoyo. Sin embargo, ni esa modificación calmó las críticas.

Desde la mirada de Braida, el enfoque punitivo no resuelve el problema: “Creemos que hay que abordarlo de forma amplia, multisectorial, yendo a las causas de por qué un chico comete delitos tan graves”. Además, advirtió que el sistema penal juvenil actual está colapsado: “Nuestros regímenes penitenciarios están abarrotados y muchas veces empeoran los conflictos”.

El obispo también mandó un mensaje directo al presidente Milei y a la ministra Patricia Bullrich: “Pedimos que frenen el proyecto y den tiempo para escuchar otras voces, sumar propuestas y buscar soluciones reales”.

Lejos de ser una postura aislada, Braida aclaró que la preocupación no es exclusiva de la Iglesia. “Muchas organizaciones sociales que trabajan con chicos vulnerables están en contra. Este proyecto necesita tiempo y una mirada más humana”, aseguró.

La intervención de la Iglesia no es menor. Marca una tensión nueva entre el Gobierno nacional y sectores religiosos que, hasta ahora, habían mantenido cierta distancia de los debates legislativos. La voz de La Rioja, una provincia históricamente ligada al pensamiento social de la Iglesia, busca representar a quienes entienden que castigar no es lo mismo que prevenir.

Mientras tanto, en el Congreso, el oficialismo avanza con la intención de lograr dictamen en los próximos días. Si lo consigue, el proyecto podría llegar al recinto antes de fin de mes. Pero con la Iglesia en escena y más sectores sumando críticas, el debate recién empieza.

¿Qué impacto tendrá esta posición eclesiástica en la discusión parlamentaria? ¿Cambiará el rumbo del proyecto o solo sumará presión pública? Las próximas semanas serán clave para ver si el llamado de Monseñor Dante Braida logra frenar la maquinaria legislativa o si el Gobierno consigue su objetivo.