En medio de la creciente polémica por presuntos hechos de corrupción en el PAMI, la diputada nacional Lourdes Arrieta presentó este martes un proyecto de resolución para conformar una comisión investigadora en el Congreso. La iniciativa busca esclarecer posibles irregularidades en el funcionamiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados desde el inicio del actual gobierno, en diciembre de 2023.

La legisladora del bloque Transformación apuntó directamente a figuras del entorno presidencial. En su propuesta, solicitó que sean citados a declarar la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem, además del funcionario Diego Vartabedian.

La comisión tendría por objetivo, según el texto de la resolución, “la recolección de información, análisis, investigación y esclarecimiento” sobre:

• Los criterios de designación de autoridades regionales y nacionales en el PAMI,

• El posible uso de fondos públicos del organismo con fines político-partidarios,

• Las contrataciones presuntamente irregulares o direccionadas por la actual administración,

• Y la eventual intervención de funcionarios del Ejecutivo en dichas decisiones administrativas.

Arrieta, ex referente de La Libertad Avanza, expresó su preocupación por lo que considera un manejo oscuro del PAMI. “Desde la asunción del nuevo gobierno, no ha pasado un solo mes sin noticias negativas vinculadas al organismo. Las denuncias por corrupción, el uso político-partidario, despidos masivos, recortes en medicamentos esenciales y designaciones discrecionales sin criterios técnicos configuran un panorama institucional alarmante”, sostuvo.

La diputada también hizo referencia al reciente escándalo por la compra de pañales a través de una licitación exprés que, según se denunció, fue aprobada por el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, y que convalida un contrato de 450 millones de dólares en tres años. El acuerdo implicaría aceptar precios un 20% superiores al esquema previo.

“Frente a la gravedad y recurrencia de los hechos, es imprescindible tomar medidas urgentes. La ciudadanía no puede tolerar que un organismo clave como el PAMI, cuya función es garantizar el acceso a la salud y el bienestar de nuestros adultos mayores, sea utilizado como plataforma de negocios personales, proselitismo o disciplinamiento político”, remarcó Arrieta.

Finalmente, la diputada subrayó la necesidad de transparentar los criterios de financiamiento y decisiones administrativas en organismos del Estado: “Nuestros mayores son historia viva, y el respeto por ellos debe ser una causa compartida por todos los colores políticos”.