El conflicto se desarrolla en el marco de un profundo malestar entre profesionales de la salud, quienes denuncian una pérdida sostenida del poder adquisitivo. Alejandro Lipcovich, trabajador del hospital y referente gremial de ATE, aseguró: “Llegamos a una situación límite de vaciamiento y asfixia salarial. Un enfermero con 10 años de antigüedad no llega a los 900 mil pesos”. Según explicó, la adhesión de médicos de planta al paro no es solo solidaria, sino que responde a condiciones compartidas.

Desde el sindicato también se alertó sobre un progresivo éxodo de profesionales, incluso con alta especialización, lo que pone en riesgo la operatividad del hospital pediátrico de referencia. “Las víctimas son cientos de miles de niños y niñas que acuden al Garrahan cada año”, señaló Lipcovich, apuntando contra las autoridades designadas por el gobierno.

Por su parte, Gerardo Oroz, secretario adjunto de la junta interna y trabajador de Farmacia, afirmó que el reclamo trasciende al Garrahan. “Estamos frente a un intento deliberado de desmantelar la salud pública. Milei y Lugones no lo ocultan. Por eso, el conflicto debe ser asumido por toda la clase trabajadora”, expresó, convocando a la comunidad a sumarse a las protestas.

Ante este escenario, el Consejo de Administración del hospital presentó una acción judicial preventiva ante el Juzgado Civil y Comercial Federal N.º 6, solicitando una medida cautelar que garantice la continuidad de los servicios médicos, especialmente en áreas críticas, emergencias e internación pediátrica. En el escrito, el hospital advirtió sobre un “riesgo inminente e irreparable para la salud y la vida de los pacientes”.

Las autoridades del Garrahan recordaron que los residentes están inscriptos en un régimen de formación con asistencia obligatoria, y que su ausencia afecta el funcionamiento del equipo médico. A su vez, remarcaron que el financiamiento proviene mayoritariamente del Estado Nacional (80%) y que ambos niveles de gobierno están cumpliendo con sus compromisos, lo que —según indicaron— permite mantener los pagos y las contrataciones.

En cuanto a la dotación profesional, se informó que en lo que va del año hubo 24 renuncias, una cifra que se suma a los 56 retiros registrados en 2024. Sin embargo, remarcaron que no se han reducido beneficios ni suspendido horas extras. También indicaron que, conforme al decreto 1148/24, el hospital tiene autorización para cubrir vacantes por renuncias o jubilaciones.

El conflicto deja en evidencia la tensión entre el reclamo por mejores condiciones laborales y la necesidad de asegurar el servicio de salud pediátrico en un hospital clave del sistema público argentino.