En una jornada parlamentaria marcada por alianzas tácticas y votaciones divididas, la oposición en la Cámara de Diputados logró asestarle un golpe político al gobierno de Javier Milei. Con 142 votos afirmativos, frente a 67 negativos y 19 abstenciones, se aprobó una suba extraordinaria del 7,2% en las jubilaciones y un incremento del bono mensual a $110.000.

El oficialismo no solo perdió la votación, sino que también quedó aislado. El proyecto fue impulsado por Unión por la Patria y acompañaron sectores del radicalismo referenciados en Facundo Manes, el bloque de Miguel Ángel Pichetto, la Coalición Cívica y la izquierda. Incluso, Nicolás Massot logró reintroducir la modificación en la fórmula de movilidad, que volvería a actualizarse mensualmente con el IPC del INDEC.

Uno de los puntos más sensibles fue la reposición de la moratoria previsional, que se aprobó con lo justo: 111 votos a favor, 100 en contra y 15 abstenciones. Este tramo dejó al descubierto las diferencias internas en bloques dialoguistas. De los que se abstuvieron, nueve responden a Manes, cuatro al pichettismo, además del neuquino Osvaldo Llancafilo y el santacruceño Sergio Acevedo.

Desde el espacio Democracia Para Siempre explicaron su neutralidad alegando que “no podían votar en contra de los jubilados, pero tampoco bancar una moratoria sin financiamiento, que consideran inviable”.

En el recinto, el diputado Carlos Heller remarcó: “No somos hinchas del déficit fiscal, sino enemigos del ajuste como solución única a los problemas”. Fue una respuesta al discurso del libertario Álvaro Martínez, quien defendió la postura oficial y propuso —sin éxito— avanzar en una reforma estructural del sistema previsional mediante la creación de una comisión.

El articulado aprobado prevé un aumento inmediato y excepcional del 7,2% para todos los haberes, y un bono de $110.000 para quienes cobran la mínima, cifra que se actualizará junto con las pensiones contributivas de ANSES.

A pesar de los festejos en la oposición, la incertidumbre domina el futuro del proyecto. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, ya anticipó que Milei vetará la ley en caso de que el Senado la convierta en definitiva. En Balcarce 50 consideran que la medida es “fiscalmente irresponsable” y que responde a “un oportunismo político de la vieja casta”.

La presión, sin embargo, crece. Gobernadores y legisladores provinciales empiezan a marcar distancia con el ajuste puro que propone el Ejecutivo, sobre todo cuando afecta al sector más vulnerable: los jubilados.