

Dirigentes sindicales de los sectores metalúrgico, mecánico, bancario, judicial, previsional y estatal anunciaron que se encuentran en “estado de alerta y movilización” ante la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia confirme la condena por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Vialidad”.
El pronunciamiento gremial se da en medio de una fuerte expectativa política, luego de que la expresidenta confirmara públicamente su intención de competir electoralmente, pese a que pesa sobre ella una sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua, dictada en diciembre de 2022 y aún no firme.
Las conducciones de la UOM (metalúrgicos), SMATA (mecánicos), La Bancaria, FeSiTraJu (judiciales), ATE Capital y Secasfpi (ANSeS) coincidieron en que una eventual ratificación de la sentencia representaría una “proscripción de la voluntad popular” y advirtieron que podrían convocar a un paro general y movilizaciones masivas.
“El fallo responde a intereses económicos concentrados y no a criterios jurídicos”, señaló el diputado y dirigente de SMATA, Mario "Paco" Manrique, quien aseguró que se trata de “una decisión política para condicionar la representación popular”.
En la misma línea, Abel Furlán, secretario general de la UOM, afirmó que el movimiento obrero “no descarta ninguna medida de fuerza” frente a lo que calificó como “una nueva forma de persecución política”.
El anuncio de los gremios coincide con una convocatoria urgente en la sede nacional del Partido Justicialista, donde referentes de Unión por la Patria —entre ellos intendentes, legisladores y dirigentes sociales— discutirán estrategias ante una eventual resolución judicial adversa a la titular del espacio.
Según trascendió, podría definirse una gran movilización nacional en caso de que el fallo sea confirmado, bajo el argumento de que se trata de un intento por proscribir a la exmandataria de los comicios.
Desde La Bancaria, sindicato que conduce el también legislador Sergio Palazzo, se alertó que “la democracia está en peligro” y que “se pretende condicionar al electorado a través de decisiones judiciales influenciadas por los poderes fácticos”.
ATE Capital, liderado por Daniel Catalano, también anunció que en caso de confirmarse la inhabilitación de Kirchner convocarán a un paro general: “No es justicia, es persecución. Defender a Cristina es defender la democracia”, afirmó.
FeSiTraJu y Secasfpi, por su parte, remarcaron que los sindicatos no permanecerán neutrales ante lo que consideran un “ataque a los derechos políticos” de la exmandataria y sus votantes.
La causa “Vialidad” investiga presuntos direccionamientos de obra pública en Santa Cruz durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a la expresidenta, fallo que actualmente revisa la Corte Suprema tras diversas apelaciones.
La resolución del máximo tribunal podría conocerse en las próximas semanas, y se espera que su contenido tenga fuerte impacto político, institucional y social.