La relación entre la Casa Rosada y los gobernadores atraviesa su momento más delicado desde la asunción de Javier Milei. Este viernes, mandatarios provinciales que hasta ahora habían evitado confrontar con el gobierno libertario se alinearon al peronismo en una jugada que busca destrabar los fondos retenidos por Nación.

En una reunión virtual de alto voltaje político, Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Sergio Ziliotto (La Pampa) coordinaron con los jefes de bloque del peronismo, el PRO y la UCR una serie de proyectos de ley que buscan garantizar la coparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otros recursos claves.

Tal como había anticipado LPO, en las provincias acusan a Milei de retener de manera discrecional los ATN que por ley corresponden a las arcas provinciales. Los gobernadores ahora proponen que al menos el 50% de esos fondos se coparticipe de forma automática, evitando cualquier manejo discrecional de la Casa Rosada.

Del zoom participaron figuras de peso como José Mayans, jefe del bloque peronista en el Senado; los radicales Martín Lousteau y Eduardo Vischi; y Alfredo De Angeli, referente del PRO. El dato político central es que, hasta ahora, Cornejo y Frigerio se habían mostrado dialoguistas con Milei y evitaban el enfrentamiento público.

Además, los gobernadores reclaman que se coparticipe lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que según denuncian, el gobierno nacional está reteniendo en su totalidad. Ese tributo debería destinarse al mantenimiento de rutas, especialmente en el interior del país, pero la falta de obras ya se traduce en un creciente deterioro vial y, según alertan, en accidentes fatales.

El paquete de leyes también contempla la eliminación de fondos fiduciarios y fideicomisos, un planteo que los mandatarios ya le hicieron al equipo de Luis Caputo y Guillermo Francos, aunque sin obtener respuestas.

Por ahora, los proyectos no se presentarán formalmente en el Congreso. Las provincias buscarán primero consensuar el contenido con todos los gobernadores, incluso con aquellos alineados al oficialismo. "No afectan el equilibrio fiscal, simplemente ordenan los recursos y garantizan previsibilidad. Es casi un pacto fiscal", sostienen desde el armado.

El tablero político se recalienta y la tensión entre las provincias y el gobierno nacional escala a niveles inéditos. La pulseada por los fondos recién comienza.