Privatizaciones con superávit: la paradoja oficial

El Gobierno anunció la privatización de ocho empresas públicas bajo el marco de la Ley Bases aprobada recientemente. Sin embargo, tres de esas compañías presentan resultados financieros positivos en el primer semestre de 2025:

• Corredores Viales obtuvo un superávit de $5.200 millones, pese a la presencia de rutas con fallas y obras atrasadas.

• Intercargo, responsable de servicios aeroportuarios, generó $5.736 millones de excedente.

• Nucleoeléctrica, operadora de las centrales Atucha I, II y Embalse, reportó un superávit de $17.234 millones, aunque significativamente menor al registrado en trimestres anteriores.

Estos datos refuerzan una mirada crítica al plan de reformas. Varios analistas señalan que vender empresas rentables puede ser “un error estratégico” y generar pérdidas fiscales, contrarias al discurso gubernamental que apunta a eliminar empresas deficitarias para aliviar el gasto público.

Además, se registran alarmas por la caída en los beneficios de Nucleoeléctrica, que pasó de tener $142.000 millones en el primer trimestre del año anterior a apenas $17.200 millones actuales. Este desplome podría afectar la percepción sobre su salario futuro como actor estratégico en energía.

 

Críticas cruzadas y riesgos fiscales

El oficialismo sostiene que “la gestión privada logrará mayor eficiencia y menor dependencia del Estado”, pero las voces opositoras señalan que vender compañías con superávit no reduce la deuda pública, solo cambia su perfil.

En redes sociales, economistas difundieron anuncios del superávit que estiman que “percibiremos el costo de las privatizaciones en subsidios encubiertos o tarifa más alta”.

Por otro lado, empleos públicos también están en riesgo. Privatizar Intercargo podría generar recortes y poner en jaque la operación aeroportuaria.

Mientras que la venta de Corredores Viales con superávit contradiría la intervención anunciada en febrero, que la había presentado en números rojos y endeudada.

Otro punto señalado es el vaciamiento presupuestario: si los ingresos por dividendos estatales desaparecen, el Estado deberá reemplazarlos por partidas presupuestarias directas, como se advierte habitualmente en casos de liquidación de estructuras públicas.

 

Consecuencias sociales y políticas de fondo

La venta de empresas públicas rentables tiene un impacto en los servicios: tarifas de peajes y tarifas aeroportuarias podrían subir, generando rechazo social, especialmente en zonas con menor capacidad económica.

El oficialismo promociona el plan bajo la bandera de la eficiencia y la desregulación económica, aunque algunos intendentes y gobernadores provinciales ya alertan sobre “burbujas tarifarias” y la necesidad de coordinar con municipios por posibles aumentos de peajes y servicios.

Tres de las ocho empresas estatales que el Gobierno busca privatizar tuvieron superávit en 2025: Corredores Viales, Intercargo y Nucleoeléctrica. La venta podría implicar pérdidas fiscales y encarecimiento de tarifas.

Además, la discusión llega en un momento electoral clave. Las elecciones provinciales comienzan el 7 de septiembre, seguidas de las generales del 26 de octubre. Los críticos advierten que privatizar empresas con superávit antes del recambio institucional podría dejar al Estado sin el músculo económico necesario para afrontar contingencias económicas o sociales.

Desde el Congreso, legisladores del peronismo, la UCR y sectores del massismo presentarán una batería de proyectos para frenar la venta o al menos establecer límites por valor estratégico y condiciones laborales.

 

Milei sin argumentos

La revelación del superávit de Corredores Viales, Intercargo y Nucleoeléctrica desarma el principal argumento oficial para llevar adelante privatizaciones: el alivio fiscal mediante reducción del déficit. Vender estas empresas puede implicar pérdidas de ingresos, menores recursos para el Estado y presión sobre tarifas y empleo.

El desafío central será demostrar si la eficiencia privada compensa el sacrificio de capacidad institucional, en medio de una coyuntura electoral que podría redefinir el futuro económico del país.

 

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