La Coalición Cívica presentó este viernes un proyecto para declarar la invalidez del DNU 462/2025, que reformó de manera estructural al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Los diputados del espacio fundado por Elisa Carrió advierten que el decreto contradice la Ley Bases, ya que esa norma excluía explícitamente al organismo de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo.

“El Gobierno está llevando adelante una virtual intervención del INTA, violando su autarquía e independencia técnica”, denunciaron los legisladores Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Victoria Borrego, Mónica Frade, Paula Oliveto y Marcela Campagnoli.

El decreto, publicado esta semana en el Boletín Oficial, elimina la autarquía administrativa del INTA, suprime la dirección nacional por concurso y concentra el poder de decisión en un único funcionario designado por el Ejecutivo. Además, el Consejo Directivo, hasta ahora compuesto por una representación plural de universidades y entidades agropecuarias, fue reemplazado por un consejo técnico de siete miembros, cuatro de ellos propuestos por el sector agropecuario.

Para la Coalición Cívica, esta modificación “equivale a una intervención encubierta”, ya que la estructura de conducción quedó bajo control directo del Gobierno. Según los legisladores, esto contraviene los límites impuestos por el Congreso en la Ley Bases, que explícitamente prohibía intervenir o reformar organismos como el INTA.

"En lo formal no hay una intervención decretada, pero en la práctica se desmanteló el Consejo Directivo y se concentró la gestión en un funcionario que responde al Ejecutivo", señalaron los firmantes del proyecto.

El INTA, uno de los organismos públicos con mayor reconocimiento federal, cumple un rol clave en la investigación aplicada al sector agropecuario e industrial. Sus defensores remarcan que ha sido un modelo de profesionalismo y autonomía, y alertan que la pérdida de esa estructura podría comprometer la continuidad de sus aportes científicos y tecnológicos.

Por su parte, el Gobierno justificó la reforma asegurando que el INTA se había "desviado de su función original" y que su conducción respondía a intereses "alineados con la Agenda 2030 y alejados de las verdaderas necesidades del agro". También apuntó contra el tamaño del organismo, que cuenta con más de 6.000 empleados y un presupuesto de 229.000 millones de pesos.

Pese a esas críticas, la movida oficial genera resistencias dentro del Congreso y suma un nuevo frente de conflicto político alrededor del alcance real de la Ley Bases y las reformas impulsadas por Javier Milei.