La seccional La Plata de la UOCRA se encuentra en terapia intensiva, por su grado de acefalía y el rol del interventor Oscar Rizzo, que mira para otro lado mientras las empresas explotan sin control, los obreros mueren, y el ministerio hace la plancha.

El combo perfecto para el derrumbe (literal) de los derechos laborales en la construcción. Pero hay algo más: ahora también presionan a las empresas desde las audiencias del ministerio de Trabajo de PBA para cerrar negocios por debajo de la mesa.

Rizzo no conoce La Plata. Pero sí conoce las oficinas donde le pagan por no ver. Desde que aterrizó en la seccional local de UOCRA como interventor, su tarea ha sido clara: garantizarle a las empresas libertad absoluta para precarizar, explotar y, si hace falta, enterrar.

Porque sí: dos trabajadores de la construcción murieron en lo que va del año en el casco urbano platense. No fue una maldición ni un accidente del destino. Fue la consecuencia directa de la ausencia de medidas de seguridad, falta de controles y una complicidad criminal entre quienes deberían defender al laburante y quienes facturan a costa de su vida.

Pero mientras los obreros caen de los andamios, Rizzo se llena los bolsillos. Viene de Moreno, pero no trae soluciones: trae convenios truchos, arreglos en sobre cerrado, y la habilitación tácita para que los empresarios importen mano de obra barata de otras provincias, dejando a los trabajadores locales —desocupados y olvidados— mirando desde la vereda.

Y si una empresa no se alinea, aparece el apretón. Porque Rizzo no actúa solo: utiliza al ministerio de Trabajo bonaerense como una herramienta de extorsión. Cita a las empresas a audiencias “formales”, donde, en complicidad con el ministro Walter Correa, las presionan para acordar condiciones espurias.

Un caso testigo es el del Grupo Roggio, que lleva adelante una obra millonaria en la Planta Potabilizadora de ABSA en Punta Lara. Allí, Rizzo pactó el ingreso de personal traído desde Córdoba, desconociendo la desocupación extrema en la región capital. Una clara violación del Artículo 9 de la Ley 22.250, que establece que el 70% de la mano de obra debe ser local. Hoy, esa proporción está invertida.

El “interventor” ya no interviene nada. Solo cobra. Y cobra bien. Su presencia es decorativa, salvo para las empresas que agradecen su silencio a fuerza de billetes. En la vereda de enfrente, los obreros siguen con lo de siempre: sin baño, sin casco, sin arnés y sin esperanza.

Ni el Ministerio de Trabajo provincial levanta la vista. Walter Correa prefiere no incomodar al empresariado ni a sus socios gremiales. Total, los que se mueren no votan.

La construcción en La Plata está en obra negra: sin derechos, sin representantes y sin control. Pero con una caja que no para de crecer para algunos. Mientras tanto, los trabajadores siguen cayendo. Literalmente.