El gobierno de Axel Kicillof evalúa desprenderse de los dos buques petroleros tipo panamax que Venezuela encargó en 2007 y que, tras casi dos décadas, siguen sin terminarse en Astilleros Río Santiago, ubicado en Ensenada. La iniciativa apunta a rescindir consensuadamente el contrato con PDVSA, la petrolera estatal venezolana, y así liberar espacio físico y cargas financieras del astillero estatal bonaerense.

Se trata del Eva Perón y el Juana Azurduy, dos embarcaciones gemelas de 47.000 toneladas de porte bruto y más de 180 metros de eslora, lo que las convierte en los buques más grandes construidos en Argentina en más de 30 años. Sin embargo, solo uno de ellos fue botado, en 2012, en un acto encabezado por el entonces gobernador Daniel Scioli, aunque nunca navegó. El otro se encuentra con un avance del 55%.

Según Francisco Banegas, secretario general de ATE Ensenada, hay gestiones activas con PDVSA para que los buques cambien de bandera y puedan venderse a una empresa extranjera. De concretarse, la provincia podría recibir hasta 34 millones de dólares, incluyendo la deuda acumulada por Venezuela (USD 5 millones por el Eva Perón y USD 25 millones por el Juana Azurduy), más el costo de los trabajos de mantenimiento.

Desde el astillero señalan que el bloqueo económico de Estados Unidos sobre Venezuela es un factor clave que ha impedido que los barcos sean entregados o retirados por Caracas. En 2019, en un acto en La Habana, Nicolás Maduro prometió invertir los recursos necesarios para finalizar las obras, pero nunca se concretó.

La situación se agrava por las nuevas normativas del gobierno de Javier Milei, que permiten la importación de buques usados y la contratación de mano de obra extranjera, lo que deja en desventaja al astillero estatal y dificulta la sostenibilidad del mismo, que hoy emplea a unos 3.000 trabajadores y tuvo muy poca actividad productiva en los últimos seis años.

El Ministerio de Producción de la provincia, conducido por Augusto Costa, evita involucrarse directamente en la operación, pero reconoce que se buscan salidas al conflicto. A la vez, se fracasó en el intento de reconvertir al Astillero en una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria. Por ahora, funciona como un organismo público con rigidez burocrática y escasa operatividad.

El destino de los petroleros sigue atado a decisiones políticas y negociaciones internacionales, pero en Ensenada crece la presión por una solución definitiva antes de fin de año. El espacio que ocupan, el costo de su mantenimiento y la falta de horizonte comercial hacen que la venta aparezca como la única vía viable.