El martes 23 de julio, el presidente Javier Milei participó del evento Derecha Fest en Córdoba, una actividad de neto carácter partidario y privado, que recaudó más de 105 millones de pesos por entradas vendidas a 35 mil pesos cada una. A pesar de no estar enmarcado en la agenda oficial, el Gobierno nacional desplegó un millonario operativo de traslado y seguridad, similar al de celebraciones patrias como la del 25 de mayo de 2024.

Milei arribó en el avión presidencial Tango 10 (Lear Jet 60) junto a su hermana Karina, mientras 250 efectivos de fuerzas federales y personal de Presidencia fueron trasladados en otros vehículos oficiales. Entre ellos, miembros de Casa Militar, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal, Gendarmería y el Ejército, que se ubicaron en un radio de apenas 3,7 kilómetros entre el aeropuerto y el hotel Quórum, sede del evento.

Lo llamativo fue que no se organizó ninguna actividad oficial paralela que permitiera justificar el viaje con fondos estatales. La organización del evento, además, impidió el ingreso de la prensa y echó a una periodista de Página 12, a quien incluso se le ofreció una compensación económica para retirarse, pese a haber pagado su entrada.

El acto no se transmitió por canales oficiales y Milei utilizó el escenario para profundizar su narrativa partidaria, con ataques a la prensa, a la vicepresidenta Villarruel —a quien llamó “bruta traidora”— y declaraciones que calificaron las próximas elecciones como una “guerra”.

A raíz de lo ocurrido, el diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes en la Cámara Baja para que el Ejecutivo detalle bajo qué marco legal se utilizaron recursos públicos en un acto sin valor institucional y que generó beneficios económicos a una empresa privada