El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa una nueva controversia judicial por una grave desobediencia a una sentencia del año 2021, vinculada a la protección del arbolado urbano. A pesar de haber transcurrido más de cuatro años desde la orden judicial, la gestión porteña —actualmente encabezada por Jorge Macri— no ha cumplido con lo dispuesto por el Juzgado N°13 del Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario, a cargo del juez Guillermo Scheibler.

La causa, iniciada bajo el expediente “HERAS, Claudia c/GCBA y otros s/Amparo ambiental”, exigía la implementación de un sistema informático de acceso libre que registre y transparente todas las acciones sobre el manejo de árboles en la ciudad. Este sistema debía permitir seguir la trazabilidad de cada ejemplar, garantizar la correcta ejecución de podas y extracciones, y cumplir con los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 3263.

Además, el fallo ordena al Ejecutivo porteño formar y certificar al personal involucrado en el mantenimiento del arbolado, incluidos inspectores y contratistas. La omisión sistemática de estas obligaciones llevó al juez a imponer una multa diaria de $100.000, que rige desde el 25 de abril de 2025 y ya suma $8.900.000.

Para la abogada Claudia Heras, impulsora del amparo, la sanción era inevitable ante los múltiples plazos otorgados sin resultados concretos. “El juez les dio oportunidades que fueron desoídas o cumplidas parcialmente. La multa busca que la sentencia sea efectiva”, expresó.

La desobediencia reiterada no solo genera un perjuicio económico para la administración pública, sino que podría constituir un delito penal, conforme al artículo 239 del Código Penal, que sanciona a quienes no obedecen resoluciones judiciales.

Desde la ONG Basta de Mutilar Nuestros Árboles, su titular María Angélica Di Giácomo fue categórica: “Los árboles están en lenta agonía por podas reiteradas y extracciones sin control”. También advirtió sobre un negocio detrás del daño ambiental, señalando que los contratos con empresas privadas prometen 95 mil podas por año, sumadas a 5.800 extracciones anuales y talas ilegales promovidas por constructoras.

A pesar de los múltiples fallos en su contra, el Gobierno porteño apeló sistemáticamente las sentencias sin éxito, dilatando el cumplimiento de la ley. Para Di Giácomo, la justicia ha sido clara: el actual modelo de mantenimiento viola los principios de la Ley 3263. Y concluyó con una advertencia: “El follaje es clave para la vida urbana y para enfrentar el cambio climático. Sin árboles sanos, perdemos salud, sombra y biodiversidad”.