En el marco de las elecciones provinciales que se celebrarán el próximo 7 de septiembre, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó el monto que aportará para la impresión de boletas de las agrupaciones políticas que participen de los comicios. La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y se enmarca dentro del cumplimiento del artículo 17 de la Ley N°14.086, que regula el financiamiento electoral.

Esta normativa garantiza que las agrupaciones o alianzas políticas cuyas listas hayan sido oficializadas reciban aportes estatales para la impresión de boletas, permitiendo imprimir hasta el doble del número de electores del padrón correspondiente. Para las elecciones de este año, la disposición fue adaptada debido a la suspensión excepcional de las PASO, por lo que se prevé una única instancia electoral general.

Según lo informado por el Ministerio de Gobierno provincial, se determinó que el valor por cada boleta será de $13,93. Esta cifra surge del análisis de presupuestos solicitado por la Dirección de Compras y Contrataciones, dependiente de la Subsecretaría Técnica Administrativa y Legal.

Además, la medida establece que las boletas deberán cumplir con las especificaciones técnicas dictadas por la Junta Electoral, que incluyen:

• Papel obra de 60 gramos o equivalente

• Dimensiones de 12 por 19 centímetros

• Anverso con el color correspondiente a cada agrupación

• Reverso blanco

En cuanto al financiamiento, cada agrupación política recibirá fondos equivalentes a una boleta por cada elector, monto que será depositado en cuentas del Banco Provincia (BAPRO) abiertas a nombre de cada espacio político. La transferencia de los aportes se realizará luego de que se presenten las facturas correspondientes y se haya validado la información de representantes y datos bancarios. La Junta Electoral será la encargada de comunicar dicha nómina.

Por último, se informó que los recursos estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2025, y la gestión contable será realizada por la Dirección de Contabilidad del Ministerio de Gobierno, con cargo a partidas específicas del presupuesto vigente.

Esta decisión busca garantizar la transparencia, equidad y logística adecuada en un proceso electoral clave, especialmente en un año donde se reconfigura el esquema electoral debido a la no realización de las primarias.