Durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, el programa Procrear se presentó como una herramienta clave para impulsar el derecho a la vivienda en Argentina. Sin embargo, un análisis detallado revela que esta iniciativa, lejos de ser eficiente y equitativa, funcionó como un mecanismo profundamente sesgado y clientelar.

Un dato contundente es la concentración geográfica de las viviendas asignadas: solo tres municipios del conurbano bonaerense —Avellaneda, Berazategui y Lomas de Zamora— recibieron el 30% de las viviendas del programa a nivel nacional. Estos distritos, gobernados por intendentes alineados al kirchnerismo, recibieron casi 5.000 viviendas, mientras el resto del país quedó rezagado. Este favoritismo evidencia un uso discrecional del Procrear para premiar a jefes comunales amigos.

Las metas anunciadas en los años 2012 a 2015 prometían la entrega de 400.000 créditos hipotecarios y 30.000 viviendas, pero la realidad fue mucho menos alentadora. Solo se otorgaron cerca de 120.000 créditos, mayormente para refacciones, y numerosos desarrollos urbanos quedaron inconclusos. Al cierre de 2023, más de 17.000 viviendas permanecían paralizadas, algunas ni siquiera iniciadas. El caso emblemático de Berazategui refleja esta ineficiencia: se presupuestaron más de 1.400 viviendas que nunca fueron habitadas y cuyos terrenos quedaron baldíos.

A estas irregularidades se suman problemas administrativos graves. Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó transferencias por $468 millones a proyectos que jamás comenzaron, sin controles ni devoluciones. Además, el fideicomiso del programa acumuló pérdidas por $52.000 millones, fruto de una gestión opaca y financiaciones inflacionarias.

La consecuencia final de este mal manejo es un impacto social negativo: mientras se alimentaban estructuras clientelares y se favorecían aliados políticos, miles de familias siguen esperando una vivienda digna. Según analistas, al ritmo actual del programa estatal sin acceso efectivo al crédito, el déficit habitacional argentino tardaría más de 880 años en solucionarse.

En conclusión, el Procrear, lejos de ser un motor para la solución habitacional, funcionó como una herramienta de favoritismo político y mala administración, que perjudicó el acceso a la vivienda de miles de argentinos.