Con el objetivo de preservar a rajatabla su política de déficit fiscal cero, el presidente Javier Milei vetó en su totalidad tres leyes aprobadas por el Congreso: la que aumentaba las jubilaciones, la que reinstalaba la moratoria previsional por dos años y la que declaraba la emergencia en discapacidad. La decisión fue comunicada dentro del plazo constitucional de diez días hábiles, y se interpretó como una señal de firmeza hacia los mercados y sus aliados.

Desde la Casa Rosada, el mensaje fue claro: no habrá concesiones fiscales impulsadas por la oposición, y cualquier reforma deberá surgir desde el propio oficialismo. Según fuentes de la mesa política del Gobierno, existe un fuerte optimismo por contar con el número suficiente de diputados y aliados para sostener los vetos. Se estima que más de 80 legisladores podrían rechazar la insistencia opositora, aunque la cifra final depende de quórum y abstenciones.

Este clima se refleja también en la Cámara baja, donde el presidente Martín Menem prepara una sesión clave para este miércoles, en la que se abordará una amplia agenda que incluye desde el financiamiento universitario hasta decretos desreguladores. Aunque sectores opositores buscan avanzar con estos temas, lo cierto es que no cuentan con los votos necesarios para revertir los vetos.

En paralelo, se desarrolla otro frente político: la negociación con los gobernadores. El Ejecutivo nacional avanza en acuerdos bilaterales para destrabar fondos sin pasar por el Congreso. Si bien las provincias reclaman soluciones de fondo, en el oficialismo remarcan que lo central es el “gesto político”, que servirá como antesala para discutir el Presupuesto 2026.

Las iniciativas impulsadas por gobernadores —como la eliminación de fondos fiduciarios o la coparticipación del impuesto a los combustibles— tienen media sanción del Senado, pero podrían quedar paralizadas en Diputados. Algunas señales, como la falta de firmas en comisiones clave por parte de aliados de Llaryora (Córdoba), Sáenz (Salta) y Jaldo (Tucumán), alimentan las sospechas de acuerdos subterráneos con La Libertad Avanza.

Aunque desde Unión por la Patria y otros bloques opositores no descartan malestar creciente entre los gobernadores dialoguistas, admiten que no activarán ninguna sesión para voltear los vetos si no tienen garantizado el apoyo. En este escenario, Milei consolida su control sobre la agenda legislativa, manteniendo abiertos los canales de negociación electoral sin ceder en su política económica.

El dilema que se avecina es claro: si los proyectos de los gobernadores avanzan, el Gobierno podría vetarlos, deteriorando los puentes con las provincias. Eso habilitaría una nueva prórroga del presupuesto, opción que permite discrecionalidad total en el manejo de los fondos y debilita aún más el control del Congreso sobre el gasto público.