El gobierno de Javier Milei vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por presuntas irregularidades en el funcionamiento de su aparato de inteligencia estatal. Una nueva denuncia del periodista Hugo Alconada Mon revela la existencia de informes secretos elaborados por la SIDE sobre líderes opositores, sindicalistas, periodistas e incluso jubilados, en una práctica que recuerda los peores momentos del espionaje interno en democracia.

Según Alconada Mon, los reportes se enfocan exclusivamente en figuras ajenas al oficialismo —como Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Facundo Manes— omitiendo por completo a los aliados del presidente. La información surge en un contexto particularmente sensible, dado que en mayo de este año el propio periodista fue objeto de amenazas y ataques informáticos tras revelar fragmentos del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), un documento confidencial de 170 páginas que plantea el uso del aparato estatal para “controlar el relato” y vigilar voces disidentes.

El legislador Pablo Juliano (Democracia para Siempre) presentó un proyecto para citar al Congreso al titular de la SIDE, Sergio Neiffert, más conocido como “Señor 5”, en base al artículo 71 de la Constitución Nacional. El objetivo, según Juliano, es frenar un posible avance autoritario y transparentar el accionar de la inteligencia nacional.

La preocupación crece cuando se analiza el aspecto presupuestario. A través de la Decisión Administrativa N°10/2025, la SIDE recibió una reasignación de 25.250 millones de pesos, alcanzando un total de más de 80.000 millones en lo que va del año, de los cuales 13.000 millones se destinan a “gastos reservados”, es decir, sin obligación de rendición pública. A esto se suma el DNU 656/24, rechazado por el Congreso, que liberó otros 100.000 millones sin control legislativo.

En respuesta, la Oficina del Presidente publicó un escueto comunicado desmintiendo los hechos, aunque sin aportar pruebas ni documentación. En contrapartida, Alconada Mon asegura contar con al menos dos fuentes verificadas, cumpliendo así con los criterios del periodismo profesional.

Mientras Milei promueve un discurso de transparencia y libertad, los indicios de que se estaría usando el aparato estatal para vigilar opositores y manipular la opinión pública colocan una alarma institucional sobre la democracia argentina.