La provincia de Entre Ríos enfrenta una grave situación institucional con dos casos que exponen las falencias del sistema público ante situaciones de violencia sexual y abuso de poder.

El más resonante es el del ex concejal y enfermero Diego Iván Zapata, quien fue condenado a 13 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante y promoción a la corrupción de menores. El hecho fue confirmado por la Justicia entrerriana, que rechazó todos los recursos presentados por su defensa, dejando la condena firme desde noviembre de 2024.

A pesar de la gravedad del delito, Zapata siguió vinculado al Ministerio de Salud provincial hasta hace poco. Trabajaba en el Hospital San Roque de Rosario del Tala y había solicitado un traslado al Hospital Luis A. Ellerman, mientras cumplía prisión preventiva con salidas laborales. Este hecho motivó la intervención directa del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Salud, Daniel Blanzaco, quienes ordenaron la apertura de un sumario administrativo como paso previo a su cesantía definitiva.

La medida se ampara en el Artículo 71° Inciso f) de la Ley 9755, que permite cesantear a empleados públicos condenados por delitos dolosos que afecten el prestigio de la función, aun cuando no estén vinculados directamente a la administración pública. Según registros oficiales, Zapata recibió el 50% de su sueldo entre julio de 2022 y enero de 2023, hasta que sus haberes fueron suspendidos.

Simultáneamente, otra situación de violencia institucional sacude a la provincia. Una trabajadora municipal de Nogoyá denunció a dos funcionarios del área de Rentas por acoso y abuso sexual en el lugar de trabajo. El caso, aún sin traslado formal a la Justicia Penal, fue presentado ante Recursos Humanos y detalla hostigamiento verbal, físico y amenazas de despido. Como represalia, la mujer fue trasladada de tareas administrativas a control de estacionamiento medido, percibiendo apenas $3.000 diarios por una jornada de ocho horas.

Ambos casos revelan una matriz común: la persistencia de estructuras estatales que protegen o demoran sanciones a agresores denunciados o condenados, lo que pone en crisis la confianza ciudadana en el sistema público