En el marco de la preparación para las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de Axel Kicillof ha denunciado una serie de intentos reiterados de hackeo a sitios y sistemas oficiales, focalizados en la Junta Electoral Bonaerense. Según informó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, estos ataques se han intensificado en las últimas semanas, obligando a una acción conjunta entre los equipos de gobierno digital, la Corte Suprema provincial y la propia Junta Electoral para garantizar la seguridad informática de la plataforma electoral.

Los ataques no solo se limitan a un intento aislado, sino que forman parte de una serie de acciones que, en palabras de Bianco, buscan instalar una “campaña roñosa” orientada a sembrar dudas sobre la legitimidad y transparencia del proceso electoral. A esta preocupación se sumó el ministro de Seguridad, Javier Alonso, quien expresó que estas acciones podrían repetirse continuamente, generando un clima de sospecha y tensión en la previa a los comicios.

Esta situación se encuentra enmarcada en un contexto electoral complejo, en el que la Junta Electoral Bonaerense ha implementado por primera vez un sistema automatizado de reasignación de centros de votación basado en inteligencia artificial. Este cambio provocó que miles de votantes bonaerenses cambien su lugar habitual de sufragio respecto a las elecciones de 2023, lo que generó inquietud y cuestionamientos sobre la transparencia y eficacia de las nuevas herramientas tecnológicas.

Ante este escenario, el Gobierno provincial ha iniciado una campaña informativa para que los ciudadanos puedan conocer sus nuevos centros de votación, mientras que los intendentes y candidatos oficialistas trabajan en el territorio para evitar confusiones el día del voto.

Las autoridades explicaron que la reasignación tuvo como objetivo optimizar la logística electoral y reducir la distancia entre los domicilios y los puntos de votación. No obstante, la decisión ha provocado controversias debido a la asignación de escuelas alejadas del barrio de residencia en varios casos.

En definitiva, estos hechos reflejan no solo los desafíos técnicos y logísticos inherentes a la modernización del sistema electoral, sino también las tensiones políticas y sociales que emergen en un año electoral de alta relevancia nacional, donde más de 14 millones de bonaerenses están habilitados para votar