

Con una saña nunca vista, un desconocimiento absoluto de las normas republicanas y una crueldad infinita, el Presidente Javier Gerardo Milei avanza alocadamente sobre los organismos científicos que dependen del gobierno nacional.
El INTA parece ser la primera y gran víctima que florece en su deforestado cerebro inundado de odio y perversidad política. Entregado a la voracidad de sus más bajos instintos, el macabro gobernante de ultraderecha parece exitarse al dañar al Estado en sus mejores versiones.
El mencionado organismo científico, sostiene y mejora permanentemente la producción agrícola y ganadera, a la que el propio Milei recurre en busca de dólares para saciar su voraz adicción a la timba financiera que su gobierno pretende presentar como plan económico.
Hace pocos días, un fallo judicial le ordenó retrotraer las medidas contra el INTA al inicio de sus ataques. Ayer, el Senado de la Nación hizo lo mismo al voltear el decreto que habilitaba la destrucción de un siglo de trabajo científico a favor del campo argentino.
Sin embargo, desconociendo la división de poderes que ordena el funcionamiento de la República Argentina, y pasándose la Constitución Nacional por sus zonas menos higiénicas, Javier Milei sacó una nueva medida (Resolución N° 1240) a última hora de anoche y publicado en el Boletín Oficial en plena madrugada, que pone en disponibilidad a 367 trabajadores de la planta permanente del INTA.
🚨 URGENTE 🚨
— Visión Política (@VisionPoliticaV) August 22, 2025
Pese al rechazo de los DNI en el Senado, el Gobierno de @JMilei abrió el proceso para despedir a trabajadores estatales de Planta Permanente con pases a disponibilidad.
La medida afecta al @intaargentina, @inaseargentina, el organismo de vitivinicultura y…
La medida, firmada por Marta Novoa, actual directora general de Recursos Humanos del Ministerio de Economía de la Nación (mano derecha de Luis "Toto" Caputo), marca el inicio del camino para un literal desguace del INTA y se erige como el modelo a seguir en todos los organismos científicos del Estado.
En un acto político explosivo, Javier Milei ignora una medida judicial y la votación del Senado al avanzar con la disponibilidad de 367 empleados del INTA, INASE e INV, incluido el director. Una ruptura con la ciencia, la institucionalidad y la nación.
Una jueza federal ordenó que se detenga cualquier medida administrativa dentro del INTA. A esa protección judicial, se sumó un contundente rechazo del Senado al decreto presidencial que buscaba restructurar el organismo científico y otros entes estatales.
Pero el gobierno hizo caso omiso. Horas después, mediante la Resolución 1240/2025 firmada por el ministro Luis Caputo, avanzó con el pase a disponibilidad de 367 trabajadores del INTA, INASE e INV —incluido el director nacional—, en un claro desafío a los otros poderes del Estado.
La Resolución 1240/2025 va más allá del cierre técnico: impide licencias sin goce de sueldo, comisiones de servicio y adscripciones temporales, afectando profundamente la gestión y funcionamiento de los organismos mencionados.
La oposición reaccionó de inmediato: calificaron la medida como "ilegal", "improcedente" e incluso "jurídicamente nula", mientras que una diputada porteña la denunció como un avasallamiento institucional. El contraste con el rechazo aprobatorio del Legislativo no podría ser más dramático.
A pesar del impacto político, gremios como APINTA y ATE activaron acciones legales y movilizaciones para proteger no solo los empleos, sino también el carácter autárquico y técnico del INTA, una institución clave en la ruralidad bonaerense y nacional, con fuerte arraigo territorial y legado científico.
Aunque el segundo golpe institucional —el del Senado— parecía asegurar una tregua republicana, el Ejecutivo optó por profundizar el conflicto. Para el sector, no hay señales de tolerancia: se percibe como un ataque deliberado al patrimonio técnico del campo.
Este avance oficialista no se limita a un ajuste técnico. Es una victoria política de un modelo que prioriza la desregulación por sobre las instituciones. Los documentos judiciales y las votaciones legislativas no detuvieron la ofensiva: el ajuste llegó a pesar de todo, mientras recorta funciones y pone en jaque a los trabajadores del agro bonaerense.
La intencionalidad es clara: el mensaje es que ningún freno institucional detendrá el avance de una agenda radical que desmantela el Estado científico. El INTA no es solo una víctima; es un emblema de la resistencia a la destrucción institucional.