¿Hasta dónde llega el control de los evangélicos sobre los fondos públicos en Santa Fe? Esa pregunta se repite en pasillos del gobierno provincial después de que se detectara un manejo cuestionable de millones de pesos destinados a prevención de adicciones. Lo que empezó como un programa estatal terminó generando dudas sobre la existencia de varias fundaciones beneficiadas.

En la provincia, la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas (APRECOD) está bajo control del pastor Walter Ghione, diputado y líder del partido UNO. Su estrategia política incluyó colocar aliados en cargos clave y dirigir recursos del programa "Redes del Cuidado" hacia fundaciones vinculadas a su red. Según el diputado peronista Miguel Rabbia, los pastores transfirieron casi cuatro mil millones de pesos a entidades recientemente creadas, algunas con pocos meses de vida.

Entre los casos más llamativos está la Asociación Civil "Perseverar", fundada en enero de este año, que recibió más de mil millones de pesos por decreto. Otro ejemplo es la Cooperativa de Trabajo OLH de Carcarañá, que acumuló 675 millones de pesos en depósitos entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025. Por último, Rockas Vivas, creada en marzo de 2025 en Rafaela, cobró más de 900 millones.

El funcionario de APRECOD consultado justificó los giros afirmando que las fundaciones ya venían trabajando en prevención de adicciones y que la formalización legal solo reconocía su labor previa. Sin embargo, dirigentes locales advierten que no hay evidencia clara de la actividad preventiva de algunas de estas entidades, lo que generó sospechas sobre posibles fundaciones fantasmas.

Este movimiento en Santa Fe coincide con la consolidación política de los evangélicos en la provincia. Ghione ha logrado influir en la Constitución provincial para limitar privilegios históricos de la Iglesia Católica y ficha candidatos de alto perfil para ampliar su red. La estrategia combina religión, poder territorial y acceso a fondos públicos, un modelo que algunos comparan con lo que otros pastores como Jorge Ledesma implementan a nivel nacional, aunque con diferencias en la magnitud del financiamiento y el despliegue político.

La situación abre interrogantes sobre la transparencia del manejo de recursos estatales en programas sensibles y sobre el rol que los grupos religiosos pueden jugar en la política provincial. Mientras algunos defienden que los fondos respaldan proyectos serios de prevención, otros advierten sobre la creación de estructuras que funcionan más para consolidar poder que para cumplir objetivos sociales.

Lo cierto es que el debate recién empieza: la Legislatura y distintos organismos siguen revisando los contratos y subsidios. La pregunta sigue en el aire: ¿terminarán estas fundaciones demostrando un impacto real en la prevención de adicciones, o quedarán como un ejemplo de cómo los recursos públicos pueden ser redirigidos a intereses particulares bajo la cobertura de la religión?