¿Puede un activo digital del presidente Javier Milei estar vinculado al Estado argentino? Esa pregunta quedó en el centro de la polémica después de que la jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, rechazara un pedido de cuatro fondos internacionales que buscaban probar justamente eso con la criptomoneda $LIBRA. Pero lo que dejó el fallo genera más dudas que certezas sobre quién realmente se beneficia.

Los fondos acreedores —Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited— querían acceder a documentación y testimonios en EE. UU. para reforzar sus reclamos por el default argentino de 2001. Según los demandantes, los activos de $LIBRA podrían servir para cubrir pérdidas millonarias derivadas de aquel fallo histórico.

Sin embargo, Rochon dejó claro que las pruebas presentadas, que incluían artículos, publicaciones en redes sociales y un supuesto acuerdo preliminar con una plataforma de intercambio, no alcanzaban para demostrar que los activos pertenecieran a la República Argentina. En su resolución, la jueza sostuvo: “Las pruebas podrían sugerir que los beneficiarios serían el propio Milei, su hermana Karina o Hayden Davis”, señalando que se trata de actividades privadas y no estatales.

Pérdidas millonarias y estrategias de cobro

En 2023, los mismos fondos habían logrado un fallo favorable en Reino Unido, que obligaba a Argentina a pagar más de 1.500 millones de euros. Al no recibir el pago, buscaron activos globales relacionados con $LIBRA, que según sus cálculos habría generado pérdidas por 251 millones de dólares.

No obstante, la jueza Rochon consideró que cualquier investigación sobre $LIBRA debía hacerse en tribunales argentinos o ingleses, y no en EE. UU. También limitó solicitudes excesivas de información, que incluían registros completos de la plataforma Meteora y citaciones a al menos trece personas, entre influencers, ingenieros y empresarios vinculados al proyecto.

Actividad personal vs. institucional

Un informe de la Oficina Anticorrupción (OA) respaldó la idea de que la promoción de $LIBRA por parte de Javier Milei fue una actividad personal, algo que coincide con la postura oficial de la Casa Rosada. Pero el fallo deja abierta la incógnita: si se trata de un proyecto privado, los beneficiarios podrían ser Milei y personas cercanas, y no el Estado argentino.

Este caso abre un debate clave sobre la línea entre la actividad privada de un líder político y la responsabilidad institucional, marcando un precedente sobre cómo los tribunales internacionales manejan la propiedad de activos digitales ligados a figuras públicas. Y mientras la controversia sigue, queda la duda: ¿$LIBRA terminará alguna vez ligado al Estado argentino o seguirá siendo un activo privado de Milei y su círculo cercano?