Esa es la pregunta que todavía se hacen muchos vecinos tras la condena histórica de José Raúl Rodríguez Moyano, exintendente de la localidad. La Justicia de Córdoba determinó que lideró un esquema de corrupción que afectó tanto al municipio como al Estado nacional, desviando fondos públicos destinados a familias necesitadas.

El fallo establece que Rodríguez Moyano, de 57 años, recibirá tres años de prisión condicional y queda inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos. Además, deberá pagar $20 millones como reparación económica. La sentencia alcanza también a tres excolaboradores y a un empresario vinculado a la obra pública: José Luis Martinelli y Ariel Darío Mirra, exsecretarios de Gobierno y Desarrollo, recibieron tres años de pena en suspenso, mientras que el constructor Roberto Fabián Coronel fue condenado a dos años y diez meses.

El fraude se descubrió tras una denuncia del actual intendente, Serafín Víctor Kieffer, en relación al programa Techo Digno, destinado a construir 52 viviendas sociales. Mientras Rodríguez Moyano reportaba un avance del 98,44%, una auditoría mostró que las obras no superaban el 30,9%. Aun así, el municipio había recibido $11,8 millones en fondos federales, de los cuales más de $8 millones no tenían respaldo contable.

La investigación reveló que los aspirantes a las viviendas debían pagar $60 mil, generando $3,1 millones de manera ilegal. Además, la cooperativa 15 de Septiembre, de Santa Cruz y dirigida por Milton Fernando Bandiera —actualmente prófugo—, cobró $3,7 millones por trabajos que nunca se ejecutaron. Se detectaron pagos a proveedores inexistentes y materiales fantasma que hicieron que las viviendas no cumplieran los estándares mínimos.

El tribunal señaló que la maniobra se hizo “con un propósito de lucro personal, sacrificando los intereses públicos”. Durante el juicio abreviado, los acusados admitieron los hechos y mostraron arrepentimiento, lo que atenuó parcialmente las penas, aunque la inhabilitación de por vida se mantuvo.

El fallo busca enviar un mensaje claro contra la corrupción local. Vecinos y autoridades celebraron la sentencia, destacando que marca un antes y un después en transparencia municipal. El caso de Villa Santa Rosa se convierte así en un precedente clave sobre cómo la falta de control y la gestión discrecional pueden perjudicar a los sectores más vulnerables.

Todavía quedan preguntas abiertas: ¿cómo se controlarán futuros planes de vivienda? ¿Qué medidas implementará el municipio para que este tipo de fraudes no vuelva a repetirse? Mientras tanto, la condena de José Raúl Rodríguez Moyano queda como un recordatorio de que la Justicia puede actuar frente a la corrupción y proteger los intereses de la comunidad.