¿La nueva reforma laboral busca modernizar el trabajo o desfinanciar a los sindicatos? Esa es la pregunta que hoy se hacen en todas las mesas de negociación. Mientras el Gobierno de Javier Milei promete diálogo con la CGT dentro del Consejo de Mayo, en paralelo avanza una idea que podría encender la mayor pelea con el sindicalismo: limitar las llamadas cuotas solidarias de los convenios colectivos.

Esa cláusula, vigente desde hace décadas, permite que los gremios cobren aportes incluso a los trabajadores no afiliados. Para los sindicatos, es el corazón de su financiamiento. Para funcionarios como Federico Sturzenegger y Luis Caputo, en cambio, es un “peaje” que encarece el empleo y distorsiona los precios.

El propio Sturzenegger lo dejó claro en el último Coloquio de IDEA: dijo que las cuotas solidarias son “impuestos privados ilegales” y que su eliminación forma parte de la desregulación que impulsa el decreto 149/25. En números, explicó que, solo en el caso del convenio de Camioneros, ese aporte equivale a casi un millón de pesos anuales por trabajador, lo que representa ingresos por más de $200 mil millones para el gremio.

No es la primera vez que el Gobierno intenta avanzar con este tema. El ministro de Desregulación ya había incluido una cláusula similar en el DNU 70, donde se establecía que los aportes sindicales solo podrían cobrarse si el trabajador los autorizaba expresamente. La CGT frenó esa medida en la Justicia, y más tarde fue retirada del texto de la Ley Bases para lograr apoyo legislativo.

Sin embargo, la idea vuelve a escena. Según trascendió, Sturzenegger, con el respaldo de Caputo, busca reinstalar la restricción a las cuotas solidarias dentro de una nueva reforma laboral. El cálculo oficial estima que los sindicatos recaudan casi 2 billones de pesos por año gracias a esos aportes.

Desde la CGT, el rechazo es total. Héctor Daer, uno de sus cotitulares, advirtió: “Si es para retroceder, no vamos a negociar”. En la misma línea, Gerardo Martínez (UOCRA) sostuvo que la reforma que impulsa el Ejecutivo “no es más que la ratificación del DNU 70/23”, una medida que ya fue rechazada judicialmente.

El mensaje sindical es claro: si el Gobierno insiste, habrá respuesta. Y mientras tanto, el país observa con atención un debate que podría redefinir el equilibrio entre empresas, Estado y trabajadores.

Porque detrás de los tecnicismos y los decretos, lo que realmente se discute es quién financia el poder gremial y quién paga el costo de cambiar las reglas del trabajo en la Argentina.