¿Por qué tantos alcaldes han muerto en Michoacán durante el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla? La pregunta no solo suena fuerte, sino que encierra un problema que no deja de crecer. Lo que empezó con un caso aislado, hoy se convirtió en una señal de alerta nacional.

Durante la gestión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, siete presidentes municipales fueron asesinados en distintos puntos de Michoacán, todos en hechos relacionados con la violencia narco que atraviesa el estado. El más reciente fue Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, quien fue atacado el 1 de noviembre de 2025 mientras encabezaba un evento en pleno centro de la ciudad.

Una cronología de sangre

El primero de estos crímenes ocurrió el 8 de febrero de 2022, cuando Enrique Velázquez Orozco, edil de Contepec por el PRI, fue hallado sin vida tras haber desaparecido.

Un mes después, el 11 de marzo de 2022, el alcalde César Arturo Valencia Caballero, de Aguililla y del PVEM, fue asesinado a bordo de su camioneta.

En abril de 2024, Guillermo Torres Rojas, de Churumuco y también del PRI, fue baleado mientras cenaba en una taquería de Morelia. Ese mismo año, el 3 de junio, Yolanda Sánchez Figueroa, presidenta municipal de Cotija por el PAN, fue atacada a tiros en su localidad. Ella ya había sido secuestrada en Jalisco en 2023, pero había sobrevivido.

En 2025, la violencia escaló otra vez: el 17 de junio, Martha Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, fue asesinada frente a su casa. Antes de ella, Salvador Bastida García, edil de Tacámbaro, también había sido víctima de un atentado.

Un desaparecido que aún no vuelve

A los siete alcaldes asesinados se suma el caso del presidente municipal electo Gilberto Mejía Salgado, de Penjamillo, del Partido Encuentro Solidario (PES). Está desaparecido desde el 29 de junio de 2021, cuando un grupo armado lo secuestró mientras abría su negocio. A más de cuatro años, no hay avances en la investigación, según la Fiscalía General del Estado.

“Ningún alcalde ha pedido protección”, dice Bedolla

Tras el asesinato de Bastida, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que ningún alcalde había solicitado protección adicional. Explicó que mantiene diálogo directo con los municipios y que el gobierno estatal “ha estado al pendiente” de cada caso.

Sin embargo, los hechos muestran otra realidad: los alcaldes de Michoacán siguen siendo blanco de la violencia narco, una amenaza que no distingue partidos y que deja una pregunta abierta:
¿cuántos más deberán morir antes de que el Estado logre protegerlos?