¿Qué hay detrás de la nueva denuncia contra IOMA que ya llegó a la Justicia Federal? El caso, que involucra directamente al gobernador Axel Kicillof, está generando ruido en la política bonaerense y preocupación entre los afiliados del instituto.

Todo empezó cuando Marcelo Mazzeo, abogado, vecino de Esteban Echeverría y concejal de La Libertad Avanza, presentó una denuncia penal en el Juzgado Federal N° 1 de La Plata. El escrito apunta al director del organismo, Homero Giles, y al propio gobernador Axel Kicillof por supuestas irregularidades graves en la gestión del IOMA.

Según Mazzeo, el instituto —que maneja un presupuesto anual superior a los 188 mil millones de pesos— habría sido “capturado políticamente” y convertido en una “caja de propaganda”. En su denuncia, sostiene que esta manipulación política derivó en un colapso del sistema de prestaciones, afectando tanto a pacientes como a médicos y clínicas de toda la provincia.

El documento judicial habla de posibles delitos como administración fraudulenta, malversación de fondos, abuso de autoridad y asociación ilícita. En concreto, Mazzeo acusa al IOMA de incumplir pagos a entidades médicas como FEMEBA, FENECON y FREMEBO, generando demoras en tratamientos y suspensión de medicación crónica y oncológica.

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es la afiliación compulsiva de empleados municipales y provinciales, lo que el denunciante califica como “extorsión institucional”. Según su planteo, los trabajadores no pueden elegir libremente su cobertura de salud, quedando obligados a permanecer en el IOMA.

Mazzeo también menciona la creación de la Asociación Civil de Establecimientos Ambulatorios y Policonsultorios Privados (ACEAPP), que —según la presentación— funcionaría como un mecanismo de intermediación privada irregular. La entidad estaría dirigida por Silvina Fontana, quien además maneja la empresa RM Salud S.R.L., lo que generaría un conflicto de intereses y presunto desvío de fondos públicos.

Otro punto que genera polémica es la falta de rendición de cuentas del titular del IOMA, Homero Giles, quien se habría negado a asistir a la Legislatura bonaerense pese a los pedidos formales de diputados y senadores. Para Mazzeo, esa actitud, sumada a la falta de control por parte de Axel Kicillof, constituye una omisión funcional con posibles consecuencias penales.

En su presentación, el concejal pidió al juzgado abrir una investigación inmediata, congelar los fondos del instituto y allanar las oficinas del IOMA, el Ministerio de Salud, ACEAPP y RM Salud S.R.L.

El caso recién empieza, pero ya abrió un frente judicial que podría marcar un antes y un después en la gestión de la salud pública bonaerense. Mientras tanto, los afiliados y profesionales esperan una respuesta clara sobre qué pasó con los recursos del IOMA y quién se hará cargo si se confirman las irregularidades.