¿Qué hay detrás de la lista que volvió a poner a la Legislatura de Córdoba en el ojo de la tormenta? Un grupo de 23 contratos, entre ellos el de la famosa Virginia Martínez, conocida como la “empleada fantasma”, volvió a despertar sospechas sobre el manejo de fondos públicos. Pero lo que más ruido hace no es la lista en sí, sino lo que no se investigó.

La causa que se cerró sin respuestas

El fiscal Anticorrupción Franco Mondino decidió cerrar el caso sin avanzar sobre las otras 22 contrataciones. Según reveló Perfil Córdoba, los nombres estaban en el expediente, pero nadie fue citado a declarar: ni los contratados ni las autoridades que firmaron las designaciones.
El decreto, rubricado por la vicegobernadora Myrian Prunotto, detalla tareas poco compatibles con la actividad legislativa. Y ahí surge la duda que todos se hacen: ¿para qué contrató la Legislatura a personas sin relación con el ámbito político o administrativo?

Contratos difíciles de justificar

Los documentos oficiales muestran contrataciones entre diciembre de 2024 y junio de 2025. En la lista hay desde un productor agropecuario hasta un reparador automotriz, pasando por un mensajero. De los 23 nombres, 14 siguen figurando como asesores, según el portal de Datos Abiertos.
A pesar de esa evidencia, Mondino no pidió más informes ni verificó las tareas de cada uno. Tampoco se revisó si existieron controles administrativos al momento de aprobar los contratos. En resumen, una causa cerrada con más dudas que certezas.

Una trama que se repite

El caso se originó por un intento de cobro irregular en el Banco de Córdoba, pero la investigación se redujo a tres personas: Martínez, Kraisman y Castro. Los dos últimos irán a juicio, mientras que Martínez fue beneficiada con una falta de mérito.
Esta no es la primera vez que Mondino queda en la mira. La legisladora Luciana Echevarría ya había pedido un jury por su “inacción” en causas sensibles, como la de las declaraciones juradas del exvicegobernador Oscar González. Su paso previo como asesor legislativo refuerza las sospechas sobre su independencia.

Transparencia bajo la lupa

El caso de la “empleada fantasma” no solo revela fallas en los controles internos de la Legislatura de Córdoba, sino también una justicia que parece mirar para otro lado.
Mientras algunos imputados enfrentan juicio, otros contratos siguen vigentes sin revisión alguna. Y esa lista, la misma que desató el escándalo, sigue ahí: un símbolo de opacidad política y ausencia de rendición de cuentas.